Se está escribiendo mucho sobre las consagraciones episcopales de la FSSPX desde la altura de quien discute el problema con un manual jurídico. Y está bien que sea así. Pero no olvidemos que los sacramentos no se reciben en una nota a pie de página, sino en las parroquias. Y que las parroquias son ese lugar donde, cuando un padre – o una madre- reúne el valor para pedir un rito tradicional, descubre, por la cara estupefacta del cura, que ha preguntado por algo prohibido. Desde esa sacristía o despacho parroquial quería escribir.
Si hoy quiero recibir los sacramentos según el rito tradicional de la Iglesia, la realidad generalizada es que se me prohíbe. Si quiero bautizar a mi hijo en ese rito, o que comulgue por primera vez en una liturgia que le une a sus abuelos y bisabuelos, se me prohíbe. Y no se me prohíbe con la fría cortesía de quien aplica un reglamento: se me prohíbe con una explicitud humillante. El sacerdote me mira como si le hubiera pedido guardar un cargamento de cocaína en la sacristía. El pánico, el desprecio, el miedo a la represalia de su obispo diocesano, el terror a quedar fichado para el resto de su carrera: todo eso cruza por su rostro. Ese rostro de pánico es, hoy, el verdadero magisterio práctico sobre la Misa tradicional. ¿De verdad piensan todos los obispos que merecemos ese trato?
El problema es específicamente el Misal de 1962. No el rito melquita, ni el copto, ni el de un fiel de cualquier denominación oriental: si ese fiel pide su rito y tiene sacerdote, probablemente no solo se le concede, sino que se le agasaja con cariño ecuménico, con curiosidad respetuosa, con la satisfacción del párroco que se siente especial por acogerlo. Toda la hospitalidad litúrgica del mundo está disponible. Toda, menos una. La única tradición a la que la Iglesia latina niega el pan y la sal es la suya propia.
Algunos gozamos de un privilegio —y la palabra me sabe a ceniza—: vivir en una de las pocas diócesis de España donde un grupo reducido, con un permiso especial, en capillas de su propiedad, hace lo que puede. En casi todos los casos no hay una sola parroquia diocesana, sino cuatro paredes propias, sostenidas con los recursos precarios de unos fieles que pagan dos veces: la diócesis con sus impuestos y su Misa con sus limosnas. Allí, de forma excepcional, sí podemos recibir los sacramentos según el rito tradicional. Y con eso debemos darnos por satisfechos. Con que en mi ciudad sobreviva una pequeña capilla tolerada, debemos callar y agradecer, porque es a todo lo que se nos autoriza a aspirar.
Entretanto, nuestros hijos apenas reciben catequesis digna de ese nombre; apenas recibimos los sacramentos en la forma que más nos ayuda en nuestra débil fe; lo tenemos prohibido, recortado, vigilado. Y si alguien lo duda, que haga el experimento: que entre en su parroquia y pida, una sola vez, una sola Misa según el Misal de 1962. Que observe entonces el pánico, ese terror de funcionario al que le piden que firme algo comprometedor. Ese terror es la prueba. Ese es el marco que han suscrito de común acuerdo conservadores y progresistas, los unos por convicción y los otros por comodidad.
Tras Traditionis custodes, la persecución solo ha sabido endurecerse. No se ha buscado pacificar nada. Se ha buscado liquidar un rito con plazos administrativos, esperando que mueran los viejos y desistan los jóvenes.
Porque esa es, sin eufemismos, la Iglesia que se nos prepara: una en la que el rito tradicional está condenado a la extinción por inanición; en la que el rito de 1969 —el que improvisaron Bugnini y los liturgistas de Pablo VI en un par de temporadas de despacho— se impone como la única forma lícita de rezar, sin matices. Esa uniformidad en la modernidad se aplica con un celo que jamás se gasta contra ningún abuso.
Y cuando alguien se empeña en mantener viva esa continuidad sacramental ante el riesgo cierto de su desaparición; cuando hay quien resiste diciendo «nos adherimos fiel y disciplinariamente al Santo Padre, creemos cuanto la Iglesia cree, pero déjennos conservar la Misa de los siglos y el sacerdocio de siempre», la respuesta no es el diálogo: es el anatema. A eso hemos llegado. A que pedir lo que era ley universal hasta anteayer convierta a un católico en sospechoso.
Miles de fieles vivimos en la humillación de tener que preguntar bajando la voz —si es que uno se atreve, porque ya conoce el guion— si sería posible, por favor, con todo respeto, bautizar a un hijo, celebrar una primera comunión o un funeral según el Misal de 1962, por el especial bien espiritual que nos hace. Y nos hemos acostumbrado a esas negativas secas, casi ofendidas, con que se responde en la práctica totalidad de las parroquias y diócesis. Y además a salir de allí con la extraña sensación de haber cometido una falta. Perseguido. Marginado. Señalado.
Ante esto caben respuestas, todas respetables. Hay quien decide aguantar y encomendarse a la Providencia, y acaso sea el camino más santo. Hay quien apuesta por la batalla larga, buscando aquí y allá al obispo más templado, en alguna sede blindada donde todavía se tolera un resquicio en un rincón de Estados Unidos, de Francia o de Alemania. Excelente opción para los sacerdotes. Pero mientras los estrategas calculan, yo entro en mi parroquia, pido el bautismo tradicional para mi hijo o un funeral vetus ordo para mi padre o abuelo y salgo de allí tratado como un delincuente. Me ocurrirá en el cien por cien de las parroquias de mi diócesis, así que vuelvo a la capilla tolerada, a las cuatro paredes del que aún, de momento, tiene su permiso puntual. Benditas sean esas capillas. Esa es nuestra vida, y en ese punto exacto estamos.
¿De verdad es así como queremos dar la batalla, entregándonos mansamente a una estructura diocesana que nos escupe, nos margina y nos violenta cada vez que pedimos lo que es nuestro por derecho de siglos? Si alguien cree que sí, lo respeto. Lo que no haré —no siendo miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X— es sumarme al coro de los que llaman cismáticos a quienes eligen cargar con la incomprensión, la marginación e incluso la excomunión jurídica para que la Misa de siempre (y todo lo que ella conlleva) no muera. No los insultaré y no les colgaré sambenitos, porque la realidad que vivimos los fieles de a pie —no sé la de los clérigos que han encontrado un paraguas que los cubra, pero sí la nuestra— es sencillamente insostenible. Es vergonzosa. Es insultante. Y la defensa de los sacramentos y del sacerdocio tradicional no es ya una cuestión de gustos litúrgicos: es un estado de extrema necesidad.
Salus animarum suprema lex [la ley suprema es la salvación de las almas], dice todavía el último canon del Código. Algún día habrá que recordarles que lo escribieron ellos.
