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miércoles, 9 de septiembre de 2020

Otro estado australiano atenta legalmente contra el secreto de confesión (Carlos Esteban)



El estado australiano de Queensland acaba de sumarse a los de Australia del sur, Victoria, Tasmania y el Territorio de la Capital en aprobar una ley que convierte el secreto de confesión en un posible delito.

Este 8 de septiembre, Queensland ha aprobado una nueva ley que castiga con tres años de prisión a los sacerdotes que no denuncien a la policía presuntos abusos sexuales que hayan escuchado durante una confesión.

Como en las ocasiones anteriores, la Iglesia australiana ha manifestado claramente su voluntad de respetar el sagrado sigilo penitencial aunque hacerlo suponga la cárcel. El obispo de Townsville, monseñor Tim Harris, se valió de su cuenta en Twitter el 8 de setiembre para recordar a los fieles -y a las autoridades de Queensland- que los sacerdotes católicos nunca quebrantarán el secreto de confesión. Muchos obispos y sacerdotes han declarado públicamente que más bien irán a prisión antes que obedecer estas leyes injustas.

Estas leyes entran en choque frontal con el Código de Derecho Canónico, donde se explica explícitamente: “El sigilo es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo. Está terminantemente prohibido al confesor hacer uso, con perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación”.(can. 983-984). Y además: “El confesor que viola directamente el sello sacramental incurre en la excomunión latae sententiae reservada a la Sede Apostólica; quien lo hace solo indirectamente es castigado proporcionalmente a la gravedad del crimen” (can. 1388).

En la misma línea también el Código de Cánones de las Iglesias Orientales establece: “El confesor, que ha violado directamente el sello sacramental, sea castigado con la mayor excomunión. Si, por otro lado, ha roto el sigilo de otro modo, sea castigado con una pena adecuada” (can. 1456). Pero aquí se especifica cuán afectados por las disposiciones canónicas también están aquellos que usan la información obtenida ilegalmente: “El que de alguna manera trató de obtener informaciones de la confesión o que transmitió a otros la noticia sea castigado con la excomunión menor o con la suspensión”.
Carlos Esteban

miércoles, 19 de febrero de 2020

Entra en vigor en Australia la ley que obliga a violar el secreto de confesión en casos de pederastia (Carlos Esteban)



La ley –Children Legislation Amendment Act (CLAA)- se aprobó en septiembre en medio de las protestas del episcopado australiano, pero no ha entrado en vigor hasta esta semana para “incluir a las personas en ministerios religiosos como informantes obligados”, y especificar que, cualquiera de estas personas obligadas a la denuncia, no podrán ya ampararse en el privilegio del secreto de confesión para eludirla.

La ley recoge así la recomendación de un informe previo, en el que se alega que en algunos casos los perpetradores de abusos los han declarado en el confesionario sin que esto llevara a su detención, permitiendo al delincuente continuar con sus crímenes.

Por otra parte, el Derecho Canónico prevé la pena de excomunión latae sententiae para cualquier sacerdote que revele cosa alguna oída en confesión. En declaraciones con motivo de la polémica provocada por esta ley, el arzobispo emérito de Melbourne, Denis Hart, aseguró que los sacerdotes preferirían morir antes de revelar lo oído en confesión. “No dudo en asegurar que los sacerdotes protegerán con sus vidas la santidad del secreto de confesión. Sin duda sufrirán prisión antes que violarlo”, declaró en 2011.

El actual ordinario, Peter Comensoli, declaró asimismo en septiembre que él mantendría el secreto de confesión por encima de cualquier ley secular. Añadió que urgiría al penitente a entregarse a la justicia o a volver a contarle su crimen fuera del confesionario.

En circunstancias normales, la ley sería de escasa aplicación. Tratándose de una falta que conlleva cárcel, se rige por los duros criterios de prueba de la ley penal, y es poco probable que se dé el caso. Pero en una sociedad recientemente enardecida por un anticlericalismo ambiental que ha contribuido a la sentencia condenatoria del cardenal Pell basada solo en el testimonio del denunciante y a pesar de las dudas sobre el caso de numerosos juristas, no es imposible que un periodista o un ‘activista’ pudiera ‘confesar’ un delito ficticio y grabarlo para incriminar a algún sacerdote.


Carlos Esteban

martes, 2 de julio de 2019

El inviolable secreto de la confesión, el Papa Francisco y la Misa política, el Vaticano y la resurrección de Franco




Un día especialmente lleno de noticias y algunas con referencias a España. Tenemos la impresión de que algunos de nuestros lectores piensan que en la presentación que hacemos cada día nos inventamos los temas tratados. Nos limitamos a intentar facilitar la lectura de lo que hoy vemos publicado. Los medios citados son de gran divulgación y por tanto, nos guste a no, estas noticias, buenas o malas, son las que llegan al gran público. Nos parece importante saber qué está pasando en nuestro entorno y no quedarnos en una especie de mundo virtual clerical. Lo que pasa hoy es esto:

El secreto de confesión. Es titular en todos los periódicos que se reafirma con fuerza la inviolabilidad del secreto de confesión. ¿cómo hemos llegado a esta situación? El pecado de origen en este caso es el abuso que se ha realizado en procesos civiles y penales de casos de abusos a menores escudándose en el ámbito sacramental para evitar la complicidad en delitos graves. El secreto de confesión es inviolable y en caso contrario supondría el fin del sacramento de la penitencia como lo conocemos. El tema empieza en Australia en donde se ha utilizado para evitar declarar en procesos judiciales. Las cosas están para lo que están y abusar del ámbito sacramental puede tener efectos muy complicados de explicar. Estamos segurísimos de que la inmensa mayoría de los sacerdotes, a los que cae en la confesión un caso de abusos, intentarán por todos los medios a su alcance el que los hechos no queden impunes, sin violar en ningún caso el sigilo. Triste y demoniaco ataque al núcleo más sagrado de la conciencia.

El segundo tema de hoy es la Misa con inmigrantes, o señores migrantes, a puerta cerrada para recordar el sexto aniversario de la visita del Papa Francisco a Lampedusa. En estos días tenemos una gran polémica con la llegada de otro barco de traficantes de esclavos a Lampedusa. Su capitana, de origen alemán, está detenida en estos momentos y se enfrenta a un condena importante. Para muchos, entre los que parece que se encuentra el Papa Francisco, es una heroína digna del Nobel de la paz. En este contexto se celebra esta Misa, a puerta cerrada, con un grupo de invitados y controlada en exclusiva por los medios Vaticanos. La polémica está servida y es interpretada como la utilización de un acto sagrado con finalidades políticas. No sabemos quién ha discernido en este caso pero en casos similares, en donde los fieles han querido organizar actos de desagravio por las ofensas a la fe en los recientes desfiles del ‘orgullo’,  han sido fuertemente condenados por las altas jerarquías.

El tercer tema de hoy es la resurrección de Franco en España. El anodino e ignorado nuncio de España se despide de su oficio por jubilación y lo hace con una entrevista poco diplomática. Entre los temas tratados está el traslado de Franco de su sepultura del Valle de los Caídos. El nuncio cesante lo considera una cosa ideológica y que lo único que ha conseguido es resucitar al dictador decenios después de su muerte. Razón no le falta y es algo muy difícil de entender en otras latitudes. Con la que esta cayendo, ganas de complicarse la vida con cosas del pasado. El gobierno español, en funciones, presenta una queja oficial al Vaticano que suponemos, en este caso con una gran lógica , que no contestará. De paso, se amenaza con revisar la fiscalidad de la iglesia católica en España.

Seguimos con algunas referencias al sínodo de la Amazonia y al riesgo de cisma del que cada vez se habla más.

Parolin recuerda que el Papa Juan Pablo I no fue envenenado. Se anuncia su próxima beatificación y se intenta cerrar la nebulosa que envuelve su muerte.

En Pescara, en plena Misa, un extranjero irrumpe en la iglesia y pide agresivamente dinero a los asistentes. Estas son las cosas que crean una gran alarma social. Mejor una Misa a puerta cerrada donde todo este bien controlado.

«…increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. »

Buena lectura.
SPECOLA

Los confesores deben defender el secreto de confesión «hasta derramar la sangre», recuerda el Vaticano en nuevo documento


(InfoCatólica) La Penitenciaría Apostólica, ha hecho pública una nota firmada el pasado 29 de junio, con el objetivo de recordar y aclarar la doctrina católica respecto al sigilo sacramental o secreto de confesión y lo relativo al fuero interno. Está firmada por el penitenciario mayor, el cardenal Mauro Piacenza.
La Penitenciaría Apostólica es un tribunal de la Santa Sede al que compete todo lo que se refiere al fuero interno, también no sacramental, y a la confesión y el uso de las indulgencias, salvo lo que concierne a la doctrina sobre las mismas, que corresponde a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
El tribunal sale al paso de las pretensiones de varios gobiernos, que con la excusa de la lucha contra los abusos sexuales y el encubrimiento, presionan para que los sacerdotes rompan el secreto de confesión.

Inviolabilidad de derecho divino

El documento reafirma la inviolabilidad del secreto de Confesión y subraya que no admite excepciones ni en el ámbito eclesial ni en el civil, ya que «proviene directamente del derecho divino revelado y está enraizado en la naturaleza misma del sacramento».
Afirma la Nota que «toda acción política o iniciativa legislativa dirigida a forzar la inviolabilidad del secreto sacramental constituirían una inaceptable ofensa a la libertad eclesial».
Constituiría, además, «una violación de la libertad religiosa, jurídicamente fundadora otras libertades, incluida la libertad de conciencia de los ciudadanos, tanto penitentes como confesores».

Prejuicios anticatólicos

En la Nota de la Penitenciaría se pone de relieve que «el creciente progreso técnico-científico» favorece una situación en la que «el mundo de la comunicación parece volverse sustituir a la realidad, ya sea condicionando la percepción, ya manipulando su comprensión».
«De esta tendencia, que puede asumir los rasgos perturbadores de la morbosidad, no está inmune, por desgracia, la misma comunidad eclesial, que vive en el mundo y, en ocasiones, asume sus criterios», se advierte.
Incluso, «también entre los creyentes, con frecuencia, se gastan energías valiosas en la búsqueda de ‘noticias’, o de auténticos ‘escándalos’, adaptadas a la sensibilidad de determinada opinión pública con finalidades y objetivos que no pertenecen realmente a la naturaleza teándrica de la Iglesia».
Toda esta situación «va en detrimento del anuncio del Evangelio», por lo que «es necesario reconocer humildemente que, ni siquiera las filas del clero, hasta la más alta jerarquía, están exentos de esta tendencia».
En este contexto, «parece que se reafirma un cierto preocupante ‘prejuicio negativo’ hacia la Iglesia católica, cuya existencia se presenta cultural y socialmente, por un lado, a la luz de las tensiones que puedan ocurrir dentro de su misma jerarquía y, del otro, de los recientes escándalos de abusos horriblemente perpetrados por algunos miembros del clero».

Defender el secreto sacramental «hasta derramar la sangre»

Por ello «la defensa del secreto sacramental por parte del confesor, si fuese necesario hasta derramar la sangre, representa no sólo un acto de lealtad hacia el penitente, sino mucho más: un necesario testimonio, un martirio, directamente vinculada con la unicidad y la universalidad salvífica de Cristo en la Iglesia».
En su afán por aclarar estos conceptos, el cardenal Piacenza señala que «la defensa del secreto sacramental y la santidad de la confesión no se podrán constituir nunca en alguna forma de connivencia con el mal, al contrario, representan el único antídoto verdadero contra el mal que amenaza al hombre y al mundo entero».

Firme propósito de enmienda

«Ante pecados que supongan un delito, no está permitido nunca poner al penitente, como condición para la absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil, debido al principio natural, recogido en todo ordenamiento, según el nemo tenetur se detegere», principio jurídico según el cual nadie está obligado a reconocer su culpabilidad, afirma la nota.
Pero a su vez recalca que «pertenece a la naturaleza del sacramento de la Reconciliación, como condición para su validez, el sincero arrepentimiento, junto al firme propósito de enmendarse y de no reiterar el mal cometido».

domingo, 19 de agosto de 2018

La Iglesia bajo ataque. El sacramento de la confesión declarado fuera de ley (Sandro Magister)



El Papa Francisco sigue gozando de una gran popularidad por parte de la opinión pública mundial. Pero el clima hacia la Iglesia católica es mucho más hostil. Aumentan los ataques guiados por gobiernos e instituciones públicas contra lo que más la distingue y la identifica en su propio terreno, como es, entre otros, el sacramento de la confesión.
En Australia, en el territorio de la capital, Canberra, el secreto de confesión es, desde el mes de junio pasado, perseguibile como reato si el sacerdote viene a saber, mientras administra el sacramento, de un abuso sexual sobre menores y no lo denuncia a las autoridades públicas.
La ley ha sido aprobada por todos los partidos en aplicación de una de las 85 recomendaciones de la Royal Commission, encargada por el gobierno australiano de investigar los abusos sexuales sobre menores.
Los obispos de Australia han reaccionado defendiendo la inviolabilidad del secreto de confesión, cuya transformación en reato pone en riesgo la libertad religiosa.
Pero el primer ministro de Nueva Gales del Sur, uno de los seis estados que forman la federación australiana, ya ha pedido que la ley sea debatida y aprobada a nivel federal, haciendo que sea válida para todo el país.
En la India, a finales de julio, la Comisión nacional para las mujeres ha recomendado al gobierno de Nueva Delhi poner fuera de la ley el sacramento de la confesión en todo el país, con el fin de evitar los “chantajes” que los sacerdotes podrían hacer a las mujeres.
La Comisión es una agencia del gobierno central encargada de formular políticas y planes de acción en favor de las mujeres de la India. Su presidenta, Rekha Sharma, ha motivado la petición haciendo referencia a dos casos recientes de abusos sucedidos en Punjab y en Kerala.
El primer caso implica al obispo de Jalandhar, Franco Mulakkal, acusado de haber violado a una monja entre 2014 y 2016. El segundo concierne a cinco sacerdotes de la Iglesia siro-ortodoxa malankara, sospechosos de haber obligado a una mujer a tener relaciones sexuales con ellos, amenazándola con revelar a su marido una precedente relación extraconyugal dicha en confesión.
El consejo de los obispos católicos de Kerala ha tachado como “inconstitucional” la petición de la comisión. Y el cardenal de Mumbai Oswald Gracias, presidente de la conferencia episcopal de la India y miembro del "C9", el consejo de los nueve cardenales que coadyuvan al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia universal, ha acusado a la comisión de “ignorar totalmente la naturaleza, el significado, la santidad y la importancia del sacramento de la confesión para nuestro pueblo” y de no tener respeto alguno por la libertad religiosa, “garantizada por la constitución india”.
Pero los casos de Australia y de la India no son los primeros ni los únicos en los que el sacramento de la confesión ha sido atacado.
Ya en 2011, en una Irlanda sacudida por la explosión de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, el entonces primer ministro Enda Kenny declaró que “los sacerdotes deberían tener la obligación de denunciar los casos de abusos de los que han tenido conocimiento en el sacramento de la confesión".
Y en 2014, el Comité de la ONU para la convención sobre los derechos del niño –que evalúa cómo se aplican las convenciones firmadas por los Estados que adhieren, entre ellos la Ciudad del Vaticano–, criticó públicamente “el código de silencio” que impide, “so pena la excomunión”, a los miembros del clero católico denunciar a las autoridades los abusos de los que llegan a conocimiento en la confesión. El Comité llegó a exigir a la Iglesia la adecuación de su código de derecho canónico a esta petición, sin distinguirlo de las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano.
En esa ocasión, la Santa Sede presentó al Comité de la ONU un informe sobre cómo aplicaba las normas en defensa de los niños. La presentación del informe no es obligatoria y desde entonces la Santa Sede la ha evitado, también para no dar ocasión al Comité -al examinar y comentar el informe- de renovar sus presiones para la abolición del secreto sacramental.
Y esto no es todo. En Chile, los magistrados que están investigando los abusos sexuales perpetrados por obispos y sacerdotes, y que ya han llamado a testificar, entre otros, al arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, están valorando si interrogar también al Papa Francisco en persona, basándose en los reatos –como la destrucción de archivos comprometedores– que él denunció en la carta que dirigió el pasado mes de mayo a los obispos chilenos.
La idea de llamar al Papa a testificar no es nueva. En 2010, dos organizaciones americanas que se ocuparon de las víctimas de los abusos sexuales perpetrados por sacerdote habían enviado al tribunal internacional de La Haya una petición para llamar a testificar al Papa, que entonces era Benedicto XVI.
La petición no tuvo seguimiento, también por el simple hecho que el Papa es un jefe de Estado. Pero tuvo un notable impacto mediático, como puede tener en Chile.
Es uno de los muchos modos como la Iglesia está siendo atacada actualmente por parte de los poderes del mundo, sobre la base de criterios que son ajenas a ella, o adversos.
Otro de estos ataques es la pretensión que las mujeres tienen “derechos iguales” y que, por consiguiente, deben ser “ordenadas” para formar parte de la jerarquía de la Iglesia.
O también la pretensión que tienen las autoridades políticas de nombrar a los obispos. Una pretensión contra la que ha combatido la Iglesia  durante siglos para liberarse. Salvo que ahora, de nuevo, corre el riesgo de ceder, precisamente sobre este punto crucial, a esa nueva superpotencia mundana que se llama China.
Sandro Magister