El 25 de febrero marcó el fin de la libertad de expresión y de prensa en España. El Consejo de Ministros dio un paso definitivo hacia la censura de prensa en Internet. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un anteproyecto de ley que impondrá un control sin precedentes sobre los medios de comunicación digitales.
La norma otorgará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyo presidente es nombrado directamente por el Gobierno, el control y registro obligatorio de los medios de comunicación. Este mecanismo compromete gravemente la independencia del periodismo en España. En manos de un Ejecutivo que ya ha demostrado su afán por amordazar a la prensa crítica, este control administrativo se convierte en una amenaza peligrosa.
El ministro responsable defiende que la normativa busca garantizar la «transparencia» y evitar la concentración de medios. Sin embargo, en la práctica, es un mecanismo de censura encubierta. La CNMC tendrá la facultad de decidir quién es periodista y quién no, con el poder de excluir del registro a medios críticos con el Gobierno.
Otro punto clave de la ley es la restricción en la financiación de los medios de comunicación. Se limitará el acceso a la publicidad institucional, afectando directamente a aquellos que no se plieguen al discurso gubernamental. En definitiva, Sánchez busca asfixiar económicamente a la prensa libre y crítica, eliminando el último resquicio de disidencia en España.
La ley también contempla sanciones draconianas para quienes incumplan sus disposiciones. Las multas van desde 30.000 euros por infracciones leves hasta el 6% del volumen de negocio anual para infracciones muy graves. En definitiva, esta norma se convierte en un instrumento de castigo contra los medios que osen desafiar la narrativa oficial.
No solo los medios tradicionales estarán bajo vigilancia del Gobierno. La nueva regulación también apunta a intermediarios y plataformas en línea, como redes sociales y foros de opinión. El Ejecutivo usará la excusa de combatir la «desinformación» para imponer una mordaza digital.
Con esta ley, se podrá perseguir a ciudadanos que publiquen información contraria al Gobierno, etiquetándolos como difusores de «discursos de odio». Así se consolida un modelo donde las críticas al poder pueden derivar en sanciones económicas o incluso penales.
Este anteproyecto es un nuevo paso en la deriva autoritaria de Pedro Sánchez. No conforme con controlar todos los resortes del poder institucional, ahora fija su objetivo en el único obstáculo que le quedaba: la prensa libre.
Con este nuevo instrumento de censura, la libertad de expresión en España queda aniquilada. Sánchez busca blindarse contra cualquier crítica, eliminando la oposición mediática y allanando el camino hacia un Estado dictatorial.
La censura impuesta desde el poder no solo atenta contra los medios de comunicación, sino contra el derecho fundamental de cada ciudadano a informarse sin manipulaciones ni filtros gubernamentales.
