Cuando dos voces eclesiales de máxima autoridad describen un mismo hecho de manera incompatible, lo normal —lo razonable— es esperar una aclaración. Cuando esa aclaración no llega, lo normal es empezar a preguntarse por qué. Eso es exactamente lo que está ocurriendo desde hace semanas en el asunto del Valle de los Caídos, donde la posición pública de la comunidad benedictina y la del presidente de la Conferencia Episcopal Española no encajan. No encajan en absoluto.
La cuestión, en el fondo, es de una simplicidad casi incómoda: ¿afecta o no el proyecto ganador del concurso de resignificación al interior de la Basílica de la Santa Cruz? Para los monjes que custodian el templo, sí —y de manera grave—. Para monseñor Luis Argüello, no. El proyecto, sostiene, respeta la basílica. Las dos cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Y cuando uno abre los planos publicados por el propio Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la duda desaparece: la razón no está en el lado más tranquilizador del relato.
Lo que escribieron los monjes:
El martes 28 de abril, la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos publicó una Tercera en ABC. No fue un comentario improvisado, ni un testimonio oído de terceros, o una filtración anónima. Fue un texto firmado y deliberado, consciente de su alcance. La gravedad del asunto exigía precisamente eso: exposición pública y responsabilidad en lo dicho, sea cual sea la opinión de terceros sobre su contenido.
En ese texto, el representante de la Abadía argumentaba desde diversos ángulos, algunos de los cuales son matizables desde el punto de vista filosófico. Sin embargo, recordaba algo tan elemental que resulta casi incómodo tener que volver a explicarlo. Para la Iglesia católica, un templo no es un edificio fragmentable al gusto de la coyuntura política. No es un contenedor adaptable. Es la casa de Dios. Y su sacralidad —escribía— «no se limita al altar ni al momento de la celebración litúrgica por excelencia —la Santa Misa—, sino que se extiende a la totalidad de la planta y de los espacios del templo —puerta, atrio, vestíbulo, naves, altar, cúpula, capillas y criptas».
El problema eclesiástico —advertían los benedictinos— no es lo que el Gobierno quiera hacer fuera de la basílica, que corresponde al ámbito político. El problema aparece cuando «se contempla extender dichas actuaciones a los espacios consagrados del templo, imponiendo un acceso no independiente y subordinado al paso previo por un centro de interpretación histórica y política». Y lo remataban sin dejar resquicio a la ambigüedad: «dicha afectación comprende, además de ese acceso condicionado, la ocupación del atrio, del vestíbulo y de otros espacios del templo, según el proyecto seleccionado por el Gobierno».
Traducido a lenguaje llano, sin tecnicismos: el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se limita a intervenir el entorno del Valle. Pretende que el fiel atraviese antes un relato —un centro de interpretación histórico y político— para poder entrar en la basílica. Pretende ocupar el atrio. Pretende transformar el vestíbulo. Pretende, sin ambigüedad alguna, intervenir en espacios consagrados. Y todo ello, más allá de la sacralidad —subrayaban los monjes— compromete los principios de neutralidad y proporcionalidad del Estado, así como el derecho constitucional de los fieles a la libertad religiosa y de culto. No es una opinión más. Es la posición de quienes tienen la responsabilidad jurídica y espiritual del templo.
Lo que dijo el presidente de los obispos españoles:
Cinco días después, el domingo 3 de mayo, el mismo diario publicaba una entrevista con el presidente de la Conferencia Episcopal Española. Y la versión que monseñor Argüello ofrecía sobre ese mismo proyecto —ya conocida la posición pública de los benedictinos— sonaba, sencillamente, distinta.
«Ha salido el concurso y hay un proyecto ganador, pero se ha presentado un recurso —decía—. En este momento, la posibilidad de llegar a un acuerdo pasa por los monjes… y por el Gobierno… Yo creo que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo que respete la abadía, la basílica y el acceso independiente. El actual proyecto ganador respeta los dos primeros puntos y no el acceso independiente, pero creo que es fácil de resolver el asunto si hay buena voluntad».
Conviene detenerse. Leerlo despacio. Palabra por palabra. Para el presidente de los obispos españoles, el proyecto ganador «respeta la basílica». El problema —si acaso— sería el acceso independiente. Un fleco. Un detalle técnico. Algo solucionable con buena voluntad.
Pero cinco días antes, los monjes —los mismos que, como él reconoce, tienen la encomienda de la basílica— habían afirmado justo lo contrario. Que el proyecto entra en los espacios consagrados. Que ocupa la puerta. Que ocupa el atrio. Que transforma el vestíbulo. Que condiciona el acceso al paso previo por un centro de interpretación político. Que plantea problemas de fondo, no de matiz.
No es una diferencia de enfoque. No es una cuestión de lenguaje. Es una divergencia de hecho. No están describiendo lo mismo. No están hablando del mismo proyecto. No están transmitiendo la misma realidad al fiel.
Lo que dicen los planos:
Y entonces llega el dato incómodo, el dato verificable. El que no depende de interpretaciones ni de matices. Basta con abrir la documentación pública del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y con mirar los planos. Y los planos son tozudos.
La intervención prevista no se limita al exterior ni se queda en el entorno, ni se agota en el acceso. Afecta a la puerta de la basílica, afecta al atrio, y al vestíbulo interior. Y proyecta intervenciones en la secuencia de entrada al templo que alteran su configuración funcional y simbólica.
Salvo que el Gobierno haya cambiado en silencio su proyecto —algo que no ha comunicado—, lo que figura en los documentos oficiales coincide con lo que denuncian los monjes. No con la versión más tranquilizadora.
La contradicción, por tanto, no es interpretativa. Es factual. Una de las dos descripciones públicas no se ajusta a lo que está escrito en los planos. Y no es la de los benedictinos.
La transparencia debida
Ahí es donde el asunto deja de ser un cruce de declaraciones y adquiere un relieve institucional. Porque los fieles católicos no son menores de edad informativos. Tienen derecho a saber qué está en juego en una Basílica pontificia, qué pretende hacer el Gobierno en el interior de un templo consagrado, y qué postura sostienen sus pastores.
Cuando dos voces eclesiales de ese nivel ofrecen versiones incompatibles, alguien tiene que aclararlo. No por polemizar. Por respeto.
¿Conocía monseñor Argüello el contenido de la Tercera publicada por la Abadía cinco días antes de su entrevista? Si lo conocía —y cuesta pensar que no—, ¿por qué afirmó que el proyecto «respeta la basílica»? ¿Ha examinado los planos publicados por el Gobierno? ¿Qué versión deben considerar veraz los fieles?
No son preguntas retóricas. Son las preguntas que ya circulan —cada vez con menos cautela— en conversaciones discretas, en ámbitos eclesiales, en sacristías y fuera de ellas.
La transparencia, en este punto, no es una virtud opcional. Cuando lo que está en juego es un templo consagrado y la libertad religiosa de los fieles, es una exigencia mínima.
Por Ramón Ruavieja
Artículos recomendados:
