La Fundación Pablo VI ha publicado un texto que, bajo apariencia de reflexión bioética, termina derivando en un posicionamiento difícil de sostener tanto en términos intelectuales como morales. El artículo, firmado por José Ramón Amor Pan, aborda el caso de Noelia Castillo —la joven de 25 años eutanasiada en un hospital propiedad de la Orden de los camilos— y lo presenta como un “fracaso colectivo”. Sin embargo, al descender del plano teórico al concreto, introduce afirmaciones que alteran el eje del análisis y desplazan la responsabilidad hacia unos padres que todavía lloran el cadaver de su hija eutanasiada.
El autor dice literalmente:
Una penúltima reflexión tiene que ver con lo que escribió Santiago Abascal (presidente de Vox) en sus redes sociales: “Estoy muy afectado por esta noticia. El Estado le quita una hija a sus padres. Los Menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror”. Salvo la primera afirmación, el resto no es de recibo ni resulta un lenguaje éticamente aceptable. Mucho menos la segunda de las frases, “El Estado le quita una hija a sus padres”, pues estamos, por un lado, ante una decisión autónoma de Noelia y, por otro lado, como resulta público y notorio, estamos ante unos padres que no han sabido o no han podido construir una buena relación con su hija. Los políticos harían bien en no tensionar lo que ya es una realidad súper compleja y trágica en sí misma.
El texto afirma que los padres “no han sabido o no han podido construir una buena relación con su hija”. En un contexto marcado por depresión grave, institucionalización, intento de suicidio, agresión sexual y una decisión final de eutanasia, colocar a la familia directa como elemento explicativo equivale a cargar sobre ellos una responsabilidad implícita. Se trata de una forma de culpabilización que, además, se formula cuando la hija ha muerto y los padres quedan expuestos públicamente sin posibilidad de réplica. Esa afirmación, presentada como algo “público y notorio”, opera como una conclusión impuesta, temeraria, falta de prudencia y caridad pero sobre todo desenfocada sobre los verdaderos responsables.
El objetivo del artículo es desplazar el foco desde la responsabilidad institucional hacia la culpabilidad del entorno familiar. Pero el caso contiene una cadena de decisiones públicas perfectamente identificables: tutela por parte de la administración donde fue violada, paso deficiente por el sistema asistencial, evaluación médica negligente, autorización por comisiones autonómicas y validación judicial en varias instancias. Ese recorrido define el marco real del caso. Introducir a los padres como pieza central del problema altera la lectura de los hechos y reduce la exigencia sobre el funcionamiento del sistema.
Por si fuera poco, en ese mismo texto se introduce una valoración sobre las declaraciones de Santiago Abascal, cuya crítica al papel del Estado es calificada como inaceptable. La secuencia objetiva del caso incluye intervención estatal desde la minoría de edad, incapacidad para evitar situaciones de extrema vulnerabilidad y una resolución final mediante eutanasia. Señalar esa secuencia no es una exageración, es una lectura de los hechos. El artículo opta por desautorizar esa lectura mientras mantiene una acusación no probada sobre la familia directa. El resultado es una inversión del plano de exigencia: se suaviza la responsabilidad institucional y se intensifica una temeraria imputación muy poco caritativa a la familia, ¿ésta es la forma de pensar de la jerarquía eclesiástica, del presidente de la ACdP y de los miembros de una fundación eclesial tan significativa?
El posicionamiento adquiere un alcance mayor al situarse dentro de la Fundación Pablo VI, una entidad cuyo patronato concentra a una parte significativa del liderazgo eclesial español. La preside Ginés Ramón García Beltrán y forman parte de él figuras de primer nivel como Luis Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo Cano, José Luis Retana Gozalo, Juan Antonio Martínez Camino, Jesús Fernández González, Joseba Segura Etxezarraga y José María Gil Tamayo. Junto a ellos, participan Alfonso Bullón de Mendoza, Jesús Avezuela Cárcel, Fernando Fuentes Alcántara y Alfonso Carcasona García.
Este patronato no es una instancia simbólica. Define la orientación de la institución y respalda el marco en el que se publican sus contenidos. Cuando desde un entorno de esta naturaleza se difunde un texto que introduce juicios no fundamentados sobre una familia en duelo y, al mismo tiempo, corrige a quien dirige su crítica hacia el verdadero culpable, la cuestión deja de ser anecdótica. Refleja un criterio de enfoque. El caso de Noelia exige precisión en la atribución de responsabilidades y prudencia en el tratamiento de las personas implicadas. El texto opta por una línea distinta: fija el foco en los padres y rebaja la crítica institucional y legal mediante la descalificación del discurso político que la formula y, de paso, intenta criticar a Santiago Abascal, que parece algo de moda en el entorno clericalista. Un delirio preocupante.
Miguel Escrivá
