La muerte de madrugada de la juez Ruth Bader Ginsburg a los 87 años, a poco más de un mes de las presidenciales norteamericanas más transcendentales en décadas, ha abierto una profunda crisis política y hace posible imaginar un futuro sin aborto en el país.
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El momento no podía ser más dramático. Estados Unidos está viviendo la campaña electoral más dura y radicalizada en muchas décadas, en medio de acusaciones cruzadas de fraude electoral y golpe de Estado, con la crisis del Covid dividiendo los estados y dificultando acercarse a las urnas el 3 de noviembre y decenas de ciudades víctimas de violentas protestas raciales que parecen no tener fin.
A un lado tenemos un presidente, Donald Trump, el más pro-vida desde Roe vs Wade (la sentencia que convirtió el aborto en derecho constitucional), odiado a muerte por el establishment, y al otro un Partido Demócrata que ha radicalizado sus posturas progresistas al máximo, especialmente su compromiso con el aborto, y que se ha convertido en rehén de las ‘tribus’ de colectivos de supuestos agraviados. Y, en medio de este desbarajuste, muere la juez más progresista del Supremo, Ruth Ginsburg.
¿Por qué es tan importante? Porque, a efectos de la política interior, la contribución más importante que puede hacer un presidente norteamericano en su mandato es la elección de jueces para el Supremo -que es también allí el Constitucional- cuando se produce una vacante, porque el cargo es vitalicio salvo que el sujeto renuncie voluntariamente.
El Supremo es el único intérprete autorizado de la Constitución, y la principal razón de que la Carta Magna norteamericana no haya tenido que sustituirse en toda su historia es, sencillamente, porque el tribunal le hace decir lo que estime oportuno, estirando el texto cuanto se les antoje. ¿Cómo, si no, podría nadie encontrar en un documento legal de finales del XVIII un supuesto ‘derecho constitucional’ al aborto, o la imposición del matrimonio homosexual, por citar solo dos casos flagrantes? Para muchos observadores, esto convierte al tribunal en una especie de ‘dictadura colegiada’ de nueve personas, responsable de los principales experimentos de ingeniería social en el país.
Hasta ahora, en el mandato de Trump se han producido dos vacantes, cubiertas tras una desesperada lucha en el Congreso por sendos candidatos de Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. Solo quedaba uno, la (hasta ahora) incombustible Ginsburg para cambiar la mayoría en el tribunal hacia el lado conservador, permitiendo vislumbrar la posibilidad de que en un futuro se revierta la sentencia que en los setenta hizo del aborto provocado un derecho constitucional.
¿Hay tiempo? Esa es la gran cuestión. Para complicar las cosas, los testigos de la muerte de Ginsburg aseguran que sus últimas palabras fueron para pedir que fuera el próximo presidente, surgido de las urnas de noviembre, quien elija a su sustituto. Este supuesto deseo en su lecho de muerte carece en absoluto de valor jurídico o institucional, pero sí un gran peso propagandístico.
El equipo de Biden ya ha saltado para demandar que se respete el deseo de la difunta, y legiones de demócratas han acudido a las redes sociales con amenazas de ‘quemar’ el país si a Trump se le ocurre intentar colar a uno de los suyos en el Supremo. Claro que es una amenaza un tanto hueca, dado que ya están quemando el país desde la muerte a manos de la policía de George Floyd.
Naturalmente, los trumpistas están urgiendo al presidente a que haga lo contrario, y nombre a toda prisa un sustituto para Ginsburg. A su favor tienen un argumento crucial: visto que la elección promete ser muy disputada y con toda probabilidad contestada por el perdedor, se abre la posibilidad de que haya que recurrir al Supremo para que decida en caso de disputa, como sucediera en Florida en las elecciones que enfrentaron a George W. Bush y Al Gore. Para ello es crucial que el tribunal esté completo.
Por primera vez desde los setenta, el fin del ‘reinado’ del aborto constitucional parece al alcance de la mano, pero en unas circunstancias tan explosivas que amenazan con una verdadera guerra civil.
Carlos Esteban
