Vida
Al tradicional debate sobre el aborto se ha añadido en estos meses el de la eutanasia, eufemísticamente conocida como ‘muerte digna’. Pero analicemos con sosiego las propuestas de cada partido.
La postura del PSOE sobre el aborto es bien conocida. Aboga por mantener la presente legislación, con un leve matiz: eliminar la cláusula que impide que las jóvenes de 16 y 17 años aborten sin consentimiento paterno previo. Si a esto se le suma su intención de legalizar la eutanasia (“aprobaremos una ley para regular la eutanasia y la muerte digna”) y la de impulsar los métodos anticonceptivos, queda un programa electoral inasumible para el católico.
Igual de inasumible es el programa de Unidas Podemos, que comparte con el PSOE tanto la voluntad de extender el derecho al aborto – “favorecer el acceso, asimismo, a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres” – como la de legalizar la eutanasia.
Alguno podría pensar que Ciudadanos, siendo un partido al que los medios motejan de ‘derechista’, propone algo sustancialmente distinto a las dos formaciones ya citadas. Pero no, ciertamente: es tan escrupulosamente progresista como ellas; comparte tanto sus apriorismos como sus objetivos. Así, no cuestiona la legitimidad del aborto y se muestra proclive a la legalización de la eutanasia: “Regularemos el derecho a la eutanasia con control y garantías para que las personas que padezcan situaciones degenerativas e incurables puedan elegir libre, voluntaria y dignamente el final de su vida”.
Por su parte, el PP, que encarna aquello de ‘ni una mala palabra ni una buena acción’, no se refiere explícitamente ni a la eutanasia ni al aborto. Sí dice, no obstante, lo siguiente: “Fomentamos y defendemos la cultura de la vida, la maternidad y las familias, posicionándonos del lado de las mujeres y evitando dejar solas a las que reclaman asistencia de las instituciones”. Bueno. Quien sea lo suficientemente ingenuo para confiar, que confíe.
VOX parece hacer suyo, asumir como propio, el principio ‘no negociable’ de Benedicto XVI. Casi utiliza las mismas palabras: “Defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es fundamental que las mujeres con embarazo inesperado tengan información veraz, asistencia y alternativas. Reforma de la ley de adopción nacional”.
Familia y matrimonio
Si a los continuos ataques contra la sacralidad de la vida humana les sumamos una malintencionada agresividad hacia la institución matrimonial, nos queda un contexto desolador. Examinemos los programas de los partidos.
En este ámbito, las propuestas del PSOE están encaminadas a avanzar en la agenda progresista de erosión de la familia natural: “Aprobaremos una nueva Ley de Familias, que contemple todo tipo de familias. En esta ley se modificará la consideración de familia numerosa especial para que puedan adquirirla las familias con cuatro o más hijos”. Éste es el único punto de su programa en que los socialistas se refieren a la ‘familia’. Paralelamente, propone un ‘Pacto de Estado contra la Violencia de Género’ y un puñado de medidas basadas en la ideología de género.
Unidas Podemos, y sabemos que no descubrimos la pólvora, tampoco sugiere nada mejor. Su escueto “reconocer la diversidad familiar” (medida 56) es peor que un arsenal de medidas concretas, pues amparará cualquier clase de atropello. De ese sintagma se puede inferir, por ejemplo, una acuciante necesidad de legalizar la poligamia. Por otra parte, el partido de Pablo Iglesias habla de equiparar los permisos de paternidad y maternidad y de integrar plenamente a las mascotas en las familias, así como presenta las archiconocidas propuestas ‘LGTBI friendly’.
El programa de Ciudadanos, de nuevo, es el más manifiestamente incompatible con las enseñanzas de Benedicto XVI (y de la Iglesia en general). Además de prometer la legalización de los vientres de alquiler – que tanto PSOE como Podemos rechazan –, presenta una batería de compromisos hechos a medida del lobby LGTBI (entre ellos, blindar el matrimonio gay). A la primera cuestión se refiere en los siguientes términos: “Aprobaremos una Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia”. Todo desprende el viciado hedor de lo emotivo, ese hedor que disfraza de altruismo las causas más innobles o putrescentes.
El PP, por su parte, sólo menciona en una ocasión el término ‘matrimonio’. Y lo hace en este contexto: “Aprobaremos, en la Conferencia Sectorial de Igualdad, un protocolo contra los matrimonios forzados”. Un partido pegado a la realidad de la España contemporánea. ¡Matrimonios forzados! En fin.
De nuevo, acercarse al programa de VOX supone inhalar el fresco aroma del sentido común: oposición a los vientres de alquiler (“prohibición de los vientres de alquiler y de toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra venta a los seres humanos”), defensa de la familia natural (¡sólo ellos osan emplear esta expresión!) a través de un Ministerio de Familia y rechazo de la ideología de género (“derogación de todas las leyes que, desde la llamada perspectiva de género, generan desigualdad y discordia social”).
Libertad de educación
Educar a tus hijos según tus convicciones, y no según las convicciones del Poder, parece un derecho fundamental. Así lo recoge la Constitución Española. Sin embargo, cada vez está más cuestionado en nuestro país.
Ninguno de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria disimula su vocación adoctrinadora. Así, todos demuestran, en palabra u obra, una voluntad de imponer la ideología de género. En el bloque izquierdista, el PSOE apuesta por una ley educativa que eduque en la ‘igualdad de género’ y fomente las vocaciones científicas y tecnológicas; y Podemos se compromete a crear una asignatura de ‘feminismos’ en la educación pública con contenidos transversales. En el derechista, las obras son más elocuentes que las palabras: aunque Ciudadanos asegure que garantizará ‘el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos’ y el PP se comprometa a buscar ‘un marco regulatorio flexible que otorgue la mayor libertad de elección a las familias y facilite la conciliación laboral’, ambos han apoyado leyes que violentan ese derecho.
Sólo VOX, en este sentido, parece distinto. En su programa electoral propone dos medidas que, de aplicarse, brindarían una libertad de educación – real – a los padres: por un lado, implantar un sistema de cheque escolar; y, por otro lado, instaurar el pin parental, de tal modo que ‘se necesite el consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales’.
Bien común
De los cuatro principios no negociables, quizá el del bien común sea el más difícil de delimitar, de definir. Esto no quiere decir que no exista o que consista en la suma de intereses individuales, como asegura el liberalismo. Quiere decir, simplemente, que no es tan evidente.
En la ya citada exhortación postsinodal, Benedicto XVI se refiere al ‘bien común en todas sus formas’. Parece evidente que partidos políticos que, como Ciudadanos, proponen la legalización de los vientres de alquiler, la consolidación del derecho al aborto y del ‘matrimonio homosexual’ o la imposición de la ideología de género (que erosiona los vínculos familiares) no promueven ‘el bien común en todas sus formas’.
Si nos centramos en la cuestión económica, hemos de partir de premisa concreta: ningún partido que abrace abiertamente el capitalismo o el socialismo es, stricto sensu, una opción legítima para los católicos. De este modo, ambos modelos económicos han sido condenados en ingentes encíclicas papeles, y su incompatibilidad con la Doctrina Social de la Iglesia resulta manifiesta.
Lo cierto, sin embargo, es que casi ningún partido abraza abiertamente el capitalismo o el socialismo. Por eso, en este ámbito, nos hemos de limitar a juzgar las intenciones y – muy prudentemente – los medios para alcanzarlas. Así, a priori, cualquier partido que aspire a edificar una sociedad económicamente justa – esto es, cohesionada y próspera – y no se sirva de medios manifiestamente inicuos para lograrlo será aceptable para los católicos.
En principio, los cinco partidos aspiran a cierta justicia social. Difieren, eso sí, en los métodos que contemplan para alcanzarla: el Partido Socialista y Podemos enfatizan el rol del Estado y abogan por un incremento impositivo; el PP y Ciudadanos parecen cómodos con el statu quo y no plantean grandes cambios; y VOX, por su parte, propone una rebaja impositiva y afirma la primacía de lo privado sobre lo público. Quizá sean los postulados de este último los que más se adecuan al principio de subsidiariedad que tradicionalmente ha defendido la Iglesia.
Una conclusión
Los principios ‘no negociables’ de Benedicto XVI no son la única referencia de la que gozamos los católicos para decidir nuestro voto. En el año 2000, la Conferencia Episcopal publicó una nota en que recogía una serie de factores que debemos tener en cuenta para votar: ‘respeto sin fisuras a la vida, desde su inicio a su fin natural’; ‘apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico y estable’; ‘garantía efectiva del derecho de los padres a escoger el modelo de educación integral que desean para sus hijos’; ‘promoción de una cultura dignificadora de la persona’; ‘aplicación de políticas que favorezcan la libre iniciativa social, el trabajo para todos, la justa distribución de las rentas y la moralidad económica’; y, por último, ‘la búsqueda sincera de la paz’.
Si nos atenemos a la totalidad de los factores – es decir, tanto a los principios ‘no negociables’ de Benedicto XVI como a las recomendaciones de la Conferencia Episcopal –, descubrimos que el programa de VOX es el único tolerable para el católico; el único, en fin, que no contraviene abiertamente ninguno de los principios y que llega incluso a comprometerse con su defensa.
Julio Llorente
