En contra de lo que aventuraban la inmensa mayoría de las encuestas, las elecciones del pasado 23 de julio acabaron con un resultado que da una escasa mayoría al PP. Mayoría que, tras el escrutinio provisional del voto CERA, le impide gobernar en solitario y plantea un difícil escenario de pactos de gobierno, al estar obligado a aglutinar fuerzas antagónicas entre sí, o a intentar, como alternativa, alcanzar un acuerdo de Gobierno con el segundo partido más votado: el PSOE.
Un hipotético pacto del PP (137) con VOX (33) no aportaría los suficientes escaños para gobernar y necesitaría también, previsiblemente, sea el escaño de Coalición Canaria o el del UPN y los 5 escaños del PNV para asegurar una exigua mayoría absoluta. Sin embargo, este hipotético escenario de partidos de derechas se encontraría con un difícil escollo, ya que el PNV ha escenificado repetidas veces sus enormes diferencias con VOX.
Por otra parte, nunca, en la historia de la democracia, se ha conseguido un acuerdo entre PP y PSOE para asegurar la gobernabilidad de la nación española. Tal vez porque siempre ha sido más importante evidenciar sus trasnochadas diferencias ideológicas guerra civilistas que los intereses del país al que dicen defender. Para disipar cualquier posible duda, Félix Bolaños ya ha manifestado a la prensa, de forma categórica, que ese hipotético acuerdo de gobierno entre PP y PSOE no se producirá en esta legislatura.
Si el PP no presentase candidato a la investidura, o si lo presentara y fuese rechazado por las Cortes, quedarían aún dos opciones:Un acuerdo para formar un gobierno Frankenstein liderado por el PSOE (121) con, al menos, Sumar (31), ERC (7), JxCat (7), Bildu (6) y PNV (5), ó
La convocatoria de nuevas elecciones para disolver el bloqueo institucional con la hipotética aparición de una nueva mayoría capaz de formar gobierno.
Algunas claves del resultado electoral
Sería complicado hacer un preciso análisis forense de las claves que han conducido a este resultado electoral. No obstante, si se pueden aventurar algunas opiniones.
El PP ha conseguido aumentar el número de sus diputados en 48, sin por ello alcanzar la mayoría absoluta que perseguía, apelando al voto útil y despreciando, a priori, la posibilidad de alcanzar un pacto de gobierno con VOX. Con este proceder intentaba quitarse el sambenito que le asignaba la izquierda de compartir los mismos objetivos con un partido que gustaba calificar, de forma peyorativa, como de “extrema derecha”.
Las encuestas de las agencias demoscópicas más prestigiosas aventuraban una mayoría cercana a la absoluta para el PP. Tal vez este exceso de expectativas aconsejó a Feijoo la no asistencia al debate a 4, organizado en RTVE a pocos días de las elecciones. Circunstancia que tal vez pudo entenderse, por el votante de derechas, como miedo escénico o desprecio a la ciudadanía, desmovilizando un porcentaje del voto conservador en el peor momento.
El PP no supo sacar más rédito político, en sus oportunidades mediáticas, a los múltiples excesos cometidos por el PSOE durante la pasada legislatura. Excesos como son la intervención política de las más altas instituciones de la judicatura como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del poder Judicial; la aplicación inusualmente alta del Decretos Leyes; la aprobación de leyes ideológicas cuya aplicación ha puesto en la calle, de forma prematura, a muchos delincuentes sexuales; la pésima gestión sanitaria de la pandemia Covid19 con la aplicación de medidas inconstitucionales durante el ilegal estado de alarma; el indulto a los golpistas que protagonizaron el “proces” catalán; los cambios en el código penal para reducir las penas por sedición y por malversación de caudales públicos; la destitución ilegal de cargos, como el coronel Pérez de los Cobos, que no se avenían a actuar fuera de la legalidad; el aumento desmedido de la inmigración ilegal y de la delincuencia; las mentiras interminables; el uso descarado y extensivo del nepotismo; el cambio de posición, sin consenso parlamentario, en el asunto de la autodeterminación del Sahara; la vulnerabilidad energética que nos ha traído su empecinamiento ideológico; el comienzo de la fuga de grandes empresas como Ferrovial; el aumento del número de españoles por debajo del umbral de pobreza con el triste mérito de ser uno de los países con mayor empobrecimiento de la OCDE; el aumento imparable de los impuestos; el enorme incremento del coste de la vida y de la deuda pública en términos absolutos; las dificultades al sector primario como consecuencia de las restricciones impuestas por la agenda 2030; el tráfico de maletas, procedentes de la dictadura narco-comunista venezolana de la mano de Delcy Rodriguez, que no pasaron los pertinentes controles de aduana; así como un interminable etc…
A diferencia del PP, el PSOE ha evitado atacar a sus socios de gobierno, centrando su estrategia en movilizar a su electorado potencial contra el temor a que la derecha pudiese derogar las leyes de contenido ideológico, convenientemente vestidas de avances sociales y de progreso. Al contrario de lo que cabría esperar en medio de un periodo vacacional, la afluencia a las urnas ha crecido un 4% respecto a las elecciones de 2019, alcanzando una cuota de participación, gracias al voto emitido por correo, algo superior al 70%. El aumento de participación beneficia al partido que consigue movilizar mejor a sus votantes. Para ello se requiere habilidad mediática, convenientemente adornada de promesas rimbombantes para el futuro, de mentiras sobre las cuestionables actuaciones pasadas e infundir una dosis de miedo a la hipotética llegada de la otra alternativa de gobierno. Sin duda la izquierda lo ha sabido hacer mejor, al conseguir movilizar a un millón de votantes más que en las elecciones del pasado mes de mayo. No deja de sorprender que el pacto de gobierno de la pasada legislatura, y las concesiones a partidos que se han declarado abiertamente enemigos de España, no le hayan pasado factura a Sánchez. Su justificación sería materia para un fascinante estudio sociológico cuyos resultados no estoy seguro de querer conocer para evitar caer en un profundo desconsuelo.
Respecto de los partidos regionalistas, nacionalistas, filo-etarras e independentistas, poco se puede decir que no sepamos ya. Ellos sacan partido del juego que les permite una ley electoral viciada, aprovechando la concentración local de sus votantes para lograr una representación mucho mayor que la que les correspondería si se presentaran en una circunscripción única a nivel nacional. Para que se entienda mejor, VOX ha necesitado, para cada uno de sus diputados electos, 91.932 votos, mientras que Bildu ha necesitado tan solo 55.560 votos. Casi la mitad. El voto a estos partidos resulta más rentable para los electores que no tengan ningún arraigo con los intereses de España, porque estos partidos consiguen privilegios exclusivamente para su región a cambio de su apoyo a un partido que gobierne en minoría y no tenga escrúpulos en ceder. Estos privilegios se traducen en tratamientos de favor en los presupuestos nacionales, o modificaciones en la legislación o en sus Estatutos de Autonomía que les beneficien respecto a otras regiones, ahondando en la desigualdad de derechos y deberes entre los españoles. Es previsible que estas ventajas sigan potenciando el voto del electorado a estos partidos en perjuicio de los partidos de ámbito nacional y de la gobernabilidad de España. Supongo que, en beneficio de la justicia y la gobernabilidad futura, tal vez convenga dar una vuelta a la ley electoral para hacerla más justa. Imagínense que cundiera el ejemplo, y en cada reino de Taifas, vulgo región Autonómica, surgiera uno o dos partidos para canalizar el voto egoísta e insolidario que busca exclusivamente el privilegio de los ciudadanos de esa región. El caos estaría servido. Posiblemente ésta sería la única forma de conseguir que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo para hacer pactos de gobierno, venciendo su natural repulsión, o para cambiar a una ley electoral que asegure que todos los votos valen lo mismo. Entretanto, mientras uno de los dos grandes partidos, PP y PSOE, consiga sacar más ventaja que el otro con la ley actual, sin que sus principios se lo impidan, nada cambiará.
El voto por correo
Es potestad del presidente del Gobierno la elección de las fechas para la realización de las consultas electorales. Todos los presidentes, sin excepción, buscan las fechas más favorables a los intereses de su partido en el margen de elección que la legislación les permite. Con frecuencia toman esta decisión basándose en información o expectativas que puedan afectar a la intención de voto de los ciudadanos en uno u otro sentido. La decisión de celebrar las elecciones generales el día 23 de julio, con toda precipitación, no es fácil de explicar salvo que la previsible abstención o el voto masivo por correo pudieran resultar favorables para los intereses del PSOE. Dudo que los estrategas de Ferraz tengan modelos sociológicos predictivos suficientemente fiables que permitiesen esperar una tendencia favorable como consecuencia de cualquiera de esas dos causas mencionadas. ¿Cuál fue, entonces, el interés que movió a Sánchez a convocar elecciones en esa fecha tan inusual sin que existiera urgencia alguna para ello? El lector, con la información disponible, debe sacar sus propias conclusiones.
La legislación vigente, para el voto por correo, establece un procedimiento tedioso que, además, imposibilita la detección de un hipotético fraude. Tedioso porque obliga a realizar el proceso en tres pasos: solicitud, recepción de documentación, entrega del voto; lo que supone aguantar interminables colas al no estar adecuadamente dimensionado un organismo como Correos para una afluencia como la que ha habido en esta ocasión con un número de 2.471.935 votos admitidos. Esto supone un 9,4% del total de la participación. Por otra parte, el voto por correo es susceptible de ser alterado de forma fraudulenta, haciendo que sea imposible su detección, como consecuencia de tres circunstancias que, aparentemente, nadie tiene interés en corregir. La primera es que no existe una adecuada cadena de custodia del voto depositado en Correos desde su entrega por el ciudadano hasta su entrada en la urna. Como consecuencia de ello, no resultaría imposible que personal experto o vinculado a la empresa pudiese alterarlo. La segunda es que no se realiza un escrutinio por separado del voto por correo que pudiese evidenciar discrepancias estadísticas graves entre el voto presencial en urna y el voto recibido por correo; circunstancia que, de llegar a producirse, levantaría justificadas sospechas de pucherazo. La tercera es que el voto por correo no se puede auditar, ya que las papeletas no llevan una marca de agua especial que las diferencie de aquellas pertenecientes a los votos presenciales y, además, porque todos los votos, salvo los votos nulos, se destruyen tras el escrutinio que sigue a la jornada de la votación. Si el voto por correo hubiese sido masivamente canalizado hacia un partido político, habría supuesto, con ocasión del 23J, un numero adicional de diputados para el partido beneficiado que iría en una horquilla de entre 25 y 40 escaños. Escaños que, como es lógico, perderían otras formaciones políticas. Esta suma, y consiguiente resta en el oponente, produciría un beneficio neto cercano al doble de los escaños antes citados. Es decir, una autentica barbaridad. Imagínense si hay margen para términos medios en un hipotético fraude.
¿Cómo puede asegurar, el CIS, que más de la mitad del voto por correo haya ido a parar al PSOE, sabiendo que no hay forma alguna de comprobarlo? Aunque tuviéramos la voluntad de dar por buena esta afirmación, llegaríamos a una tremenda inconsistencia, ya que el voto por correo, exento de manipulación, no puede tener un marcado sesgo estadístico y tampoco puede calificarse, especialmente en esta ocasión, de muestra insuficientemente representativa al tratarse de casi el 10% de todo el voto escrutado. Entonces, ¿Qué explicación, con rigor estadístico, podría darse a la enorme discrepancia porcentual atribuida en el reparto del voto presencial y el emitido por correo? En mi opinión, lo mires como lo mires, estas declaraciones del CIS no se tienen en pie. Es, como poco, un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y, lo peor, es que tal vez podrían ocultar una intencionalidad bastante turbia que muchos ya empezamos a sospechar.
Desgraciadamente, existen ya antecedentes de algunos intentos de fraude electoral que impiden descartar, de forma categórica, cualquier posibilidad de que éste se produzca. Mientras no existan procedimientos serios que protejan en todo momento los votos emitidos, y penas que disuadan a este tipo de delincuentes, la tentación siempre existirá para los que no tienen suficientes escrúpulos morales que les disuadan. Recordemos, una vez más, que la política es un gran negocio para demasiada gente que vive muy bien de ella sin esforzarse demasiado, y muchos, por defender sus lentejas, serían capaces de hacer cualquier cosa. Sobre todo si el riesgo les sale barato. Las penas por fraude electoral deberían ser más contundentes y afectar también al partido beneficiado mediante penalizaciones al resultado del escrutinio electoral obtenido.
Conclusiones personales
Por una u otra razón, éste inesperado respaldo del electorado y la carencia de escrúpulos para gobernar con los declarados enemigos de España, va a permitir que previsiblemente sea el PSOE el que vuelva a renovar, e incluso ampliar, las anteriores alianzas de gobierno sin ningún tipo de límites éticos o estéticos a la hora de pactar con los partidos que precise para formar Gobierno. ¡Pidan ustedes por esa boquita, que Sánchez se lo concederá! Se dará la paradoja de que la gobernabilidad de España acabará estando en las manos de un prófugo de la justicia como es Puigdemont, cuyo partido no podrá abstenerse si quiere que Sánchez vuelva a ser reelegido como presidente del Gobierno. Consecuencia de ello, no será sorprendente que en la nueva legislatura veamos el indulto a los prófugos de JxCat y la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, posiblemente vinculante, que legitimará un golpe de gracia a la Constitución, a la Corona y que desencadenará la segregación de nuestro país empezando por las regiones más ricas como Cataluña y el País Vasco. Para eso está Conde Pumpido bien situado en la presidencia del Tribunal Constitucional, que se buscará las mañas para declarar la constitucionalidad de todo lo que le pida su jefe. Que no se engañe nadie… detrás de todo independentismo no suele haber nada más que la pasión política desmedida por gestionar el dinero público sin trabas, y una dosis enorme de egoísmo e insolidaridad.
El chantaje de las minorías para conformar un Gobierno es sólo posible cuando, al menos uno de los dos grandes partidos, antepone sus intereses a los del país, ya que siempre se puede evitar esa situación mediante un pacto de Gobierno, con un programa de consenso, con el otro gran partido con representación nacional.
No soy defensor del Estado Autonómico porque considero que ahonda en las diferencias de derechos y deberes de los españoles dependiendo de su Autonomía de procedencia. Además, resulta un sistema costoso, redundante e ineficaz. No obstante, puede resultar de cierto alivio que el PP gobierne actualmente en la mayoría de las Autonomías y tenga también el control en el Senado. Esto podría servir, en alguna medida, de rompeolas al más que previsible nuevo gobierno, a la carta, de Sánchez con las minorías autonómicas. Espero que esta circunstancia se aproveche para hacer auténtica oposición para evitar la galopante deriva democrática en lugar de, una vez más, contemporizar para no resultar desagradable a los ojos de la doctrina de lo políticamente correcto que dicta la izquierda.
Con enorme ingenuidad se redactó la Constitución del 78, no poniendo cotas a la cesión de competencias a las Autonomías y pensando que la lealtad de todos los partidos del arco parlamentario iba impedir la deriva secesionista. Con la misma ingenuidad se redactó también la ley electoral (LOREG) que recoge el defectuoso procedimiento de voto por correo y el peso desigual de los votos recogidos; pensando que nadie intentaría aprovecharse de ello. El exceso de ingenuidad, o tal vez de estupidez, puede conducir a nuestra democracia a un callejón sin salida, si es que no lo ha hecho ya.
Cuando Pandora abrió su caja, todos los males que azotan a la humanidad salieron de ella. Tan solo quedó en la caja encerrada la Esperanza, que los griegos interpretaban como el peor de los infortunios pues su presencia reflejaba la insatisfacción humana. Para nuestra sociedad de hoy, la Esperanza supone el último recurso para el Consuelo. Dejemos que salga la Esperanza porque tal vez, en algún momento, permita alentar el cambio que nuestra viciada democracia necesita.
Eusebio Alonso
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