Conviene empezar por lo que merece ser celebrado, porque sería deshonesto no hacerlo. Que el primer Papa que habla ante las Cortes Generales lo haga para recordar a los legisladores españoles que la dignidad de la persona precede a toda concesión del Estado y no puede quedar a merced del vaivén de las mayorías; que defienda la vida del no nacido, del anciano y del enfermo; que llame a la familia fundamento de la comunidad y reivindique el derecho primario e inalienable de los padres a educar a sus hijos; y que reclame la libertad religiosa y de conciencia frente a quienes querrían relegar la fe al silencio, es sencillamente una buena noticia. En un hemiciclo que aprobó la ley del aborto a plazos y la de la eutanasia, esas palabras no son un trámite protocolario. Hay que decirlo con claridad antes que cualquier objeción: León XIV dijo cosas verdaderas e importantes, y las dijo donde más cuesta decirlas.
Sobre la vida, además, fue doctrinalmente nítido. No se escudó en una vaguedad piadosa. Afirmó que toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, y que su defensa no es una cuestión parcial ni un interés confesional, sino una meta de civilización. Nombró expresamente al niño aún no nacido. Quien pretenda que el Papa no fue claro en el principio no ha leído el discurso: lo fue, y sin ambages.
Lo que sí cabe observar es otra cosa, más fina. El Papa enunció el principio con firmeza, pero se detuvo justo antes de aterrizarlo. No nombró el aborto. No mencionó las leyes que en España permiten la eliminación legal de inocentes. No puso a los diputados que tenía delante ante la responsabilidad política concreta de haberlas votado o de sostenerlas. Habló del no nacido que queda en la sombra en un plano general y casi atemporal, como quien describe una verdad universal sin señalar a nadie en la sala. Es una opción legítima, y se entiende la cortesía de quien es huésped del Estado. Pero conviene registrarla, porque contrasta con lo que vino después.
Porque en otros asuntos —más discutibles, más opinables, más sujetos al juicio prudencial— el tono no fue menos firme; a ratos fue incluso más concreto. Sobre el rearme europeo, cuestión sometida hoy a un intenso debate político en España y en toda la Unión, el Papa no se quedó en el principio: tomó posición, y dijo que preocupa que vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable. Sobre la migración descendió al terreno operativo y reclamó vías seguras y legales y una respuesta coordinada, solidaria y eficaz. Entre las causas del desarraigo enumeró, junto a la falta de paz y las desigualdades económicas, los efectos de la crisis climática. Invocó el derecho internacional, el lema de la Unión Europea y buena parte del repertorio de los organismos multilaterales. Y todo ello con la misma solemnidad pontificia con que, minutos antes, había hablado de la vida. El principio quedó en el cielo de los principios; la aplicación prudencial, en cambio, bajó al detalle.
Aquí está el problema. No se trata de decir que la preocupación por los refugiados, los pobres, la paz o la creación no sea católica. Lo es. La doctrina social de la Iglesia habla de todo eso, y con autoridad. Pero una cosa es el principio moral permanente —la dignidad de todo ser humano, el deber de caridad, la exigencia de justicia, la acogida razonable del extranjero, la búsqueda de la paz— y otra muy distinta son las aplicaciones concretas de ese principio: los diagnósticos técnicos, las categorías jurídicas, las soluciones políticas. Vías seguras y legales no es un artículo del Credo, sino una opción de política migratoria perfectamente discutible. La conveniencia o el peligro del rearme europeo es un juicio prudencial sobre la seguridad del continente, sobre el que caben opiniones católicas opuestas y legítimas. Esas aplicaciones no obligan al fiel del mismo modo que la defensa del no nacido, y presentarlas como si lo hicieran no las hace más verdaderas: solo más confusas.
Que un hombre huya de la sequía, de la miseria, de la guerra o de la catástrofe es un sufrimiento real, y ante ese sufrimiento la respuesta cristiana es obligada. Pero convertir esa realidad heterogénea en una categoría moral solemne, apuntalada en la propia encíclica y en el lenguaje de las cumbres internacionales, y pronunciarla desde la tribuna del Congreso con el peso del pontificado, la sitúa en un rango que no le corresponde. No tiene la densidad doctrinal de la vida, de la familia o de la libertad educativa, y no debería sonar como si la tuviera.
El problema, en el fondo, no es que el Papa hable de migrantes (sic), de paz o de clima. El problema es que un discurso pontificio debe distinguir con precisión entre doctrina católica vinculante, principios morales permanentes, aplicaciones prudenciales y opiniones discutibles. Cuando todo se pronuncia con la misma gravedad, se debilita precisamente aquello que más necesita claridad: la vida del no nacido, la familia, la libertad, el bien común… La firmeza repartida por igual no añade autoridad a lo opinable; resta nitidez a lo esencial.
Porque el Papa tiene autoridad —y grande— para enseñar la fe y la moral. No la tiene del mismo modo para erigir sus juicios prudenciales sobre el clima, las migraciones, la defensa o la política internacional en una suerte de doctrina práctica incuestionable. Son cosas de rango distinto, que reclaman del oyente obediencias distintas. Y cuando se enuncian todas con idéntica solemnidad, se difumina la frontera entre el Magisterio, la doctrina social, el juicio prudencial y la opinión personal de quien habla. Al fiel que escucha no le mueve la rebeldía, sino el amor a la claridad, cuando le incomoda ver revestido con el peso simbólico del pontificado aquello que no pertenece al depósito de la fe ni posee su certeza moral.
Y esa confusión, conviene advertirlo, no fortalece a la Iglesia: la debilita. Revestir una opinión prudencial con la autoridad del Sucesor de Pedro no le añade verdad; le resta nitidez a esa autoridad. Y una autoridad menos nítida pierde fuerza precisamente allí donde más debería sonar con claridad y sin temblor: ante la vida amenazada, ante la familia desfigurada, ante el derecho de los padres a educar, ante la conciencia que el poder pretende administrar.
Nada de esto convierte el discurso en un mal discurso. Tuvo pasajes altos y verdades dichas con valentía donde duele decirlas, y sería injusto y mezquino negarlo. Lo que cabe reclamar no es menos doctrina, sino más precisión. La Iglesia presta su mejor servicio al mundo cuando habla desde lo que ha recibido, y no cuando adopta, sin suficiente distancia crítica, el vocabulario político del momento. Su tarea —la única que nadie más cumplirá por ella— es decir con claridad lo que el mundo no quiere oír: que el no nacido tiene derecho a vivir, que la familia no es una construcción administrativa, que los padres no son delegados educativos del Estado, que la conciencia no pertenece al poder y que la fe no debe ser arrinconada al silencio. Eso fue, en su mejor parte, lo que León XIV dijo en las Cortes. Ojalá lo hubiera dicho sin mezclarlo con todo lo demás.
Carlos Balén
