La cuestión verdaderamente relevante en la controversia sobre la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no es el Gobierno de Sánchez, sino el contenido del acuerdo que el cardenal Cobo sorprendentemente asumió frente a dicho Gobierno, ocultándolo durante meses al conjunto de la Iglesia española y a la opinión pública, mintiendo además sobre su existencia.
Según la documentación incorporada al expediente administrativo y conocida meses después de forma pública, el 5 de marzo de 2025 el arzobispo de Madrid trasladó al ministro Félix Bolaños su conformidad con los términos recogidos en el documento remitido por el Gobierno el día anterior. Dicho texto contemplaba una delimitación extraordinariamente restrictiva de los espacios considerados destinados al culto dentro de la Basílica, reduciéndolos al altar y a las bancadas adyacentes, mientras se abría la puerta a la denominada resignificación ideológica del resto del templo, incluyendo elementos tan esenciales como la nave, la cúpula, el atrio, el vestíbulo y demás espacios integrados en el conjunto basilical, incluida la capilla del Santísimo.
La gravedad de esta posición resulta difícil de exagerar. No se trata simplemente de una cuestión arquitectónica o funcional. Lo que está en juego es la propia naturaleza jurídica y religiosa de un templo católico solemnemente dedicado al culto divino.
El Código de Derecho Canónico establece que los lugares sagrados están destinados al culto divino y a los fines propios de la religión. La dedicación de una iglesia no recae exclusivamente sobre un altar o sobre determinados bancos, sino sobre el templo en su integridad. La tradición litúrgica de la Iglesia, expresada en el rito de dedicación de las iglesias, manifiesta precisamente esa unidad espiritual y jurídica del edificio sagrado.
Por ello resulta difícil comprender cómo pudo aceptarse una delimitación que, en la práctica, fragmenta la realidad sagrada del templo y permite que amplias zonas de una basílica menor sean destinadas a usos incompatibles con su naturaleza sagrada.
La cuestión adquiere una dimensión aún más preocupante si se tiene en cuenta que la libertad religiosa reconocida por la Constitución española y desarrollada por la legislación vigente protege no sólo las creencias de los fieles, sino también el libre ejercicio del culto y la autonomía de las confesiones religiosas en relación con sus lugares de culto. Del mismo modo, los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede reconocen expresamente la inviolabilidad de los templos católicos.
La actualidad de las últimas semanas ha venido, además, a poner de manifiesto las consecuencias prácticas de aquella decisión. Lo que durante meses se presentó como un proyecto plenamente encauzado ha terminado convertido en un laberinto jurídico y administrativo. El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial ha acordado la suspensión del inicio de las obras, mientras que las actuaciones judiciales desarrolladas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han introducido nuevas incertidumbres sobre la viabilidad inmediata de las intervenciones proyectadas. Todo ello refleja una realidad difícil de ocultar: el proyecto de resignificación nunca contó con la seguridad jurídica que el Gobierno pretendió transmitir a la opinión pública.
Y precisamente ahí radica una de las cuestiones más graves de todo este episodio. Resulta legítimo preguntarse si el Gobierno habría llegado tan lejos en sus pretensiones de intervenir el interior de la basílica de no haber contado previamente con la conformidad expresada por el cardenal Cobo respecto de un documento que reducía los espacios de culto al altar y a las bancadas adyacentes. Aquella aceptación transmitió al poder político la apariencia de que existía cobertura eclesiástica suficiente para actuar sobre el resto del templo, cuando la realidad jurídica y canónica era exactamente la contraria.
Porque una vez aceptado que la nave, la cúpula, el atrio, el vestíbulo, las puertas monumentales e incluso la capilla del Santísimo podían quedar fuera de la consideración práctica de espacios destinados al culto, el siguiente paso resultaba inevitable: considerar legítima su transformación, resignificación o utilización para finalidades ajenas a la naturaleza propia del templo. El problema no es únicamente que semejante planteamiento contradiga la legislación canónica vigente; es que además entra en colisión con las garantías de libertad religiosa, autonomía confesional e inviolabilidad de los lugares de culto reconocidas por el ordenamiento jurídico español.
Lo verdaderamente sorprendente es que semejante concesión procediera precisamente de quien carecía de competencia jurídica sobre el lugar. La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos no se encuentra sometida a la jurisdicción ordinaria del arzobispo de Madrid, sino al régimen singular derivado de su condición de basílica menor vinculada a una abadía benedictina exenta y dependiente directamente de la Santa Sede. Resulta difícil encontrar precedentes de una autoridad eclesiástica que haya pretendido autorizar al poder civil para intervenir espacios sagrados sobre los que carece de jurisdicción, contradiciendo simultáneamente principios elementales del Derecho Canónico y de la legislación estatal protectora de la libertad religiosa.
Las actuales suspensiones administrativas y judiciales constituyen, en cierto modo, la confirmación de una evidencia que nunca debió olvidarse: el problema jamás estuvo en la resistencia de los monjes ni en el ejercicio legítimo de acciones judiciales por parte de la comunidad benedictina. El problema surgió cuando se hizo creer al Gobierno que podía actuar sobre una basílica como si se tratara de un espacio parcialmente desacralizado, susceptible de ser reorganizado conforme a criterios políticos o ideológicos. Los acontecimientos recientes demuestran hasta qué punto aquella premisa era jurídicamente insostenible.
No parece existir explicación razonable para que una autoridad eclesiástica acepte la profanación de espacios sagrados en un templo católico. Si tal aceptación obedeciera a un desconocimiento de los principios canónicos y jurídicos aplicables, estaríamos ante una situación extremadamente preocupante. Si, por el contrario, respondiera a una decisión consciente de prescindir de ellos en aras de satisfacer las pretensiones del Gobierno de Sánchez, la preocupación sería aún mayor.
A ello se añade otra circunstancia difícilmente explicable. No parece que la Conferencia Episcopal Española, ni la Orden Benedictina, ni la propia comunidad afectada tuvieron conocimiento de estos compromisos cuando fueron asumidos. Tampoco las sucesivas declaraciones públicas emitidas por el cardenal Cobo posteriormente parecían reflejar el alcance real de lo aceptado en aquellas comunicaciones.
Con posterioridad, el propio cardenal Cobo atribuyó la actuación seguida a directrices procedentes de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Sin embargo, resulta difícil conciliar esa hipótesis con el perfil y la experiencia de quienes ocupan responsabilidades en la Santa Sede, especialmente cuando la cuestión afecta a principios tan elementales del derecho de la Iglesia como la naturaleza de los lugares sagrados y la protección jurídica de los templos destinados al culto.
Mientras tanto, la reciente visita del Santo Padre a España ha dejado una impresión muy distinta. Sus intervenciones se han caracterizado por la claridad doctrinal, la precisión conceptual y una constante apelación a la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Ha sido una presencia que difícilmente puede instrumentalizarse al servicio de estrategias políticas particulares o de relatos ideológicos construidos desde intereses ajenos a la misión propia de la Iglesia.
Quizá por eso resultan especialmente llamativos los esfuerzos de El País y de eldiario.es por presentar al cardenal Cobo como intérprete privilegiado del pensamiento del Papa o como figura llamada a desempeñar un papel histórico en la Iglesia española. Los hechos terminan imponiéndose siempre sobre los relatos. Y los hechos muestran que quien aceptó que gran parte de una basílica pudiera ser considerada ajena al culto fue precisamente el cardenal arzobispo de Madrid.
La cuestión ya no es si aquella decisión fue el incomprensible error que fue. La cuestión es si quien la adoptó reúne las condiciones de prudencia, firmeza doctrinal y sentido eclesial que exige el gobierno de una de las sedes episcopales más importantes del mundo católico.
Son muchos los fieles, sacerdotes e incluso obispos que expresan privadamente su preocupación por el rumbo seguido en este asunto. Corresponde exclusivamente al Santo Padre juzgar cuándo y cómo deben adoptarse las decisiones oportunas. Pero resulta legítimo preguntarse si una crisis de esta magnitud no exige también una profunda reflexión sobre las responsabilidades que la hicieron posible.
En todo caso, el cardenal Cobo tiene la obligación moral de reparar el daño producido, ofrecer una explicación veraz sobre lo realmente aceptado en marzo de 2025, rendir cuentas por una actuación que ha contribuido decisivamente al actual caos jurídico y administrativo y asumir dignamente su responsabilidad. Porque las recientes suspensiones de las obras y la creciente judicialización del conflicto no son sino la consecuencia de un error de origen que nunca debió producirse. El problema inicial no estuvo en el Gobierno de Sánchez, que actuó conforme a sus propios objetivos políticos, sino en quien le hizo creer que podía alcanzar tales objetivos sin vulnerar la naturaleza sagrada de la basílica ni encontrar resistencia jurídica por parte de la Iglesia.
Carlos H Bravo
