El fin de su impunidad: demoledor informe europeo contra Pedro Sánchez

ADELANTE ESPAÑA

Bruselas certifica el colapso de un liderazgo basado en el engaño: falta de independencia judicial, corrupción y abuso legislativo bajo su Gobierno

Durante años, Pedro Sánchez ha intentado vender en las cancillerías europeas un relato que ocultaba una realidad mucho más oscura: la demolición sistemática de los contrapesos institucionales en España. Sin embargo, el tiempo de los trucos de magia política se ha agotado. El reciente y demoledor informe del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho en España no es solo un documento técnico; es el certificado de defunción de la credibilidad de Sánchez a nivel internacional. Hoy, ya nadie confía en él. Bruselas ha comprendido lo que millones de españoles ya sabían: bajo el Gobierno de Sánchez, España ha iniciado una deriva autoritaria y tiránica.

El informe que desnuda al «autócrata»

El documento emitido por la misión de inspección europea tras su visita a Madrid en febrero de 2025 es un ataque frontal a la línea de flotación del sanchismo. Los observadores europeos no han usado eufemismos. Hablan de «erosión democrática», de «abuso legislativo» y de una «falta de independencia judicial» que pone en peligro la seguridad jurídica de toda la Unión.

Lo que más ha escandalizado en Bruselas es el uso compulsivo del Decreto-Ley. Con más de 120 decretos-ley a sus espaldas, Sánchez ha convertido una herramienta de «extraordinaria y urgente necesidad» en su forma ordinaria de gobernar. Al evitar el debate parlamentario y despreciar a la oposición, Sánchez no solo ha gobernado de espaldas a la soberanía nacional, sino que ha secuestrado las funciones del Congreso.

Bruselas ha documentado cómo se legislan materias sensibles —desde la regularización de inmigrantes hasta reformas penales a la carta— mediante estos «atajos» que excluyen cualquier tipo de escrutinio público. En Europa lo tienen claro: esto no es democracia, es un ejercicio de poder absoluto que busca anular al poder legislativo.

Una justicia asediada y una corrupción que ya no se puede ocultar

La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier Estado de Derecho, está hoy bajo mínimos. El informe europeo señala directamente la influencia política en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la purga sistemática en la Fiscalía. Casos como el de Almudena Lastra, apartada tras 35 años de carrera para beneficiar a fiscales afines al Ejecutivo, han encendido todas las alarmas en la Comisión Europea.

A esto se suma una percepción de la corrupción que ha alcanzado niveles críticos. El ciudadano español, y ahora también el funcionario europeo, han perdido la confianza en que el sistema sea capaz de combatir el clientelismo de un Gobierno que utiliza las instituciones del Estado como si fueran su sede de partido. La pérdida de neutralidad de las instituciones públicas ya no es una queja de la oposición, es una conclusión oficial del Parlamento Europeo que precede a la activación de mecanismos de sanción y congelación de fondos.

Aislamiento internacional: El «paria» de Europa

Si a nivel nacional Sánchez es rechazado mayoritariamente y solo sobrevive gracias a pactos con quienes buscan destruir la nación, a nivel internacional su figura se ha desmoronado. Aquel presidente que presumía de «liderazgo europeo» es hoy visto con una mezcla de recelo y desprecio. Las capitales europeas han comprendido que Sánchez es un socio poco fiable, capaz de sacrificar cualquier principio, incluso la separación de poderes, por un solo día más en el palacio de la Moncloa.

La presión sobre los medios de comunicación y el asalto a RTVE también ocupan un lugar destacado en el informe. Bruselas castiga el uso de la publicidad institucional como herramienta de censura y premio para medios afines (el caso de Prisa frente al vacío a COPE u Onda Cero es ya un caso de estudio europeo de mala praxis). Este control férreo del relato ha dejado de funcionar fuera de nuestras fronteras; la realidad del informe es tan contundente que el relato sanchista se deshace al contacto con la verdad.

El último acto: La necesidad de desalojar el poder

Llegados a este punto, la conclusión es ineludible. Cuando un gobernante pierde la confianza de sus socios internacionales, cuando es señalado por los organismos de control democrático como una amenaza para el Estado de Derecho y cuando su propio pueblo le rechaza, su continuidad es un lastre insoportable para el país.

El informe de Bruselas tiene la estructura de un ultimátum. España se enfrenta a sanciones reales y a una pérdida de prestigio que tardará décadas en recuperarse. Sánchez ya no engaña a nadie: ni a los jueces, ni a los periodistas libres, ni a los líderes europeos que hoy le miran con la distancia que se le dedica a quien ha traicionado las reglas del juego democrático.

El fin de la impunidad: Un proyecto de poder cercado y en descomposición

La etapa del sanchismo ha entrado en su fase de descomposición final: un proyecto de poder personal que se ha quedado solo. Una vez que el velo ha caído y que todos, dentro y fuera, se han dado cuenta de quién es realmente Pedro Sánchez, solo queda un paso necesario por higiene democrática y supervivencia nacional: su salida inmediata del Gobierno.

El informe europeo ha puesto la primera piedra para el fin de su impunidad. Ahora, es responsabilidad de las instituciones, de la oposición y de la sociedad civil empujar para que se cumpla el veredicto que Bruselas ya ha dictado: a Sánchez se le ha acabado el crédito y España necesita recuperar su libertad y su dignidad institucional.

El «catecismo» de Sánchez: El nuevo paso del golpe institucional para adoctrinar a los españoles en «diversidad»

ADELANTE ESPAÑA

La deriva autoritaria y tiránica de Pedro Sánchez ha cruzado una frontera definitiva. Tras haber colonizado la Justicia, asaltado el Legislativo mediante el abuso del decreto-ley, controlado la inmensa mayoría de los medios de comunicación y entregado la soberanía nacional a quienes buscan destruirla, el sanchismo activa ahora la fase más peligrosa de su golpe institucional: el adoctrinamiento ideológico. Bajo la apariencia de un inocuo documento titulado «10 Principios para revitalizar la democracia», Moncloa ha diseñado un manual de ingeniería social que pretende dictar a los españoles no solo cómo deben comportarse, sino cómo deben pensar.

Este decálogo no es una simple guía de convivencia; es un instrumento de control doctrinal que busca imponer el pensamiento único del globalismo y la Agenda 2030, utilizando la reciente regularización masiva de inmigrantes como el pretexto perfecto para forzar una transformación cultural sin precedentes.

Un manual de instrucciones para el ciudadano «sumiso»

El Gobierno, a través del Ministerio de Inclusión y el Observatorio Español del Racismo (OBERAXE), pretende que este decálogo se convierta en el eje vertebrador de escuelas, universidades, empresas y administraciones públicas. Estamos ante un intento de sustitución de la moral y la ética individual por la la del Estado. Sánchez ya no se conforma con controlar el BOE; ahora aspira a redactar el código de valores que cada ciudadano debe profesar en su vida privada.

El documento habla de «gestionar activamente la diversidad», un término orwelliano que en la práctica significa que el Estado se arroga el derecho de intervenir en la interacción social para asegurar que los resultados sean «equitativos». Bajo este barniz de bondad, se esconde una estructura de vigilancia donde el disenso es castigado y la adhesión a los dogmas oficiales se convierte en el único carné de legitimidad democrática.

El asalto al pensamiento: Sectarismo elevado a política de Estado

El sectarismo del Ejecutivo ha llegado a un punto de no retorno. El borrador del decálogo establece que la diversidad es una «ventaja competitiva» y una «categoría estructural», elevando conceptos ideológicos a verdades absolutas que nadie puede cuestionar sin ser tachado de antidemócrata. Este es el corazón del golpe institucional: la criminalización de la discrepancia.

Uno de los puntos más inquietantes del texto es el que pone el foco en el «entorno digital». Bajo la promesa de crear espacios «seguros y fiables», el Gobierno abre la puerta de par en par a la censura. Al calificar como «desinformación» o «discurso de odio» cualquier crítica a su gestión migratoria o a su modelo de sociedad, Sánchez dota a su Gobierno de una herramienta de control sobre la opinión pública digna de los regímenes más opacos del siglo XX. No se trata de proteger la verdad, sino de imponer su versión de la realidad mediante la manipulación doctrinal.

La regularización masiva como ariete de transformación

El documento vincula directamente estos principios a la realidad social tras la regularización de cientos de miles de inmigrantes. El plan es claro: primero se provoca una alteración demográfica brusca y sin consenso, y acto seguido se impone un «manual de educación» para que la población autóctona acepte, sin rechistar y con entusiasmo obligado, las consecuencias de dicha política.

Sánchez utiliza la «inclusión intercultural» no como un puente para la integración, sino como un martillo contra la identidad nacional. El objetivo es desdibujar los valores tradicionales de la sociedad española para sustituirlos por un relativismo multicultural donde el Estado es el único árbitro. Al imponer la «interacción social obligada» y la participación en estructuras comunitarias definidas por el Gobierno, se anula la libertad de asociación y se fuerza al ciudadano a ser parte de un experimento social del que nunca pidió participar.

El fin de la libertad: Del Estado de Derecho al Estado de Pensamiento

En el modelo, el Estado define los valores y el ciudadano solo tiene derecho a obedecerlos. El documento afirma que la estabilidad del sistema depende de la «adhesión activa» a estos diez principios. Es decir, el Gobierno ya no busca ciudadanos libres, sino activistas de su propia ideología.

Este paso es la culminación de un golpe que empezó en las instituciones y termina en las mentes. Al movilizar a universidades y municipios para aplicar este decálogo, Sánchez crea una red de comisarios políticos que evaluarán constantemente si la sociedad española está «progresando» adecuadamente en su adoctrinamiento. Es una dimensión tecnocrática del control social: medir resultados para adaptar el castigo o el premio según el grado de sumisión al dogma globalista.

El deber de resistir a la manipulación

Cuando el poder político intenta apropiarse de la conciencia de sus súbditos, la sociedad deja de existir para convertirse en una tiranía. El decálogo de Moncloa es la prueba definitiva de que Pedro Sánchez no cree en la España de ciudadanos libres e iguales, sino en una masa amorfa y adoctrinada que no ofrezca resistencia a sus planes de perpetuación en el poder.

Imponer cómo debemos pensar es el último estadio del sectarismo. El golpe institucional ya no se da solo en los tribunales o en el Parlamento; se da en las aulas y en las redes sociales, tratando de erradicar la capacidad de juicio crítico de los españoles.

Sumisión del pueblo español: ¿hasta cuándo?

ADELANTE ESPAÑA

Cuando una nación consiente la humillación sistemática, no solo pierde su libertad: pierde su alma. Lo que hoy vive España no es una crisis política, es una apostasía nacional donde la servidumbre se ha aceptado como destino. Cuando un pueblo acepta la humillación como algo normal, la libertad deja de existir y comienza la sumisión.

La docilidad del español actual es el mayor triunfo de la ingeniería social en la que estamos inmersos. Observamos con preocupación cómo situaciones que antes provocaban indignación, rechazo y rebeldía, hoy generan un silencio que bordea la servidumbre voluntaria. En España ocurren hechos graves: el ultraje a los símbolos nacionales, el pacto con los herederos de los asesinos de ETA, una corrupción sistémica que ya no escandaliza, un expolio fiscal asfixiante, etc. Hemos pasado de ser un pueblo de conquistadores a una masa de rehenes del bienestar subvencionado.

Este fenómeno plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué el español ha dejado de rugir para limitarse a balar? Nos han lobotomizado con una cultura de la derrota y una resignación que se ha instalado poco a poco. La historia demuestra que los pueblos libres reaccionan ante las injusticias; cuando esa reacción desaparece, surge la normalización del abuso absoluto del poder.

Cuando el desprecio a España se vuelve cotidiano

El ultraje a la bandera nacional

Uno de los síntomas más visibles de esta sumisión aparece en el trato que recibe la bandera nacional. La nación tolera su propio ultraje como si fuera un trapo viejo. Quemar el símbolo de nuestra unidad sale gratis, mientras que defenderlo te convierte en un paria ante los ojos de la corrección política oficial. En cualquier sociedad madura, la bandera representa la soberanía y la convivencia; en España, el desprecio se ha convertido en algo cotidiano y sin consecuencias.

El blanqueamiento de terroristas

El abrazo de Pedro Sánchez con los matarifes de los proetarras de Bildu es el acto de traición más infecto de nuestra historia reciente. No es pragmatismo, es una profanación de las tumbas de nuestras víctimas que el pueblo permite sin rodear la Moncloa. Durante décadas, España sufrió los asesinatos de ETA; hoy, el poder pacta con quienes no han pagado por sus crímenes ni muestran ni reparo moral ni arrepentimiento. Es una anestesia moral aterradora.

Corrupción, expolio y restricciones a la libertad

La corrupción como paisaje político

El Estado se ha convertido en una organización extractiva que nos esquilma mediante un terrorismo fiscal sin precedentes.

Por otra parte, investigaciones judiciales, corrupción sistémica de los políticos, sobres con dinero y redes clientelares ocupan titulares mientras la sociedad se acostumbra al abuso. En una nación fuerte, cada escándalo debería provocar exigencias claras de responsabilidad penal; aquí, la repetición constante genera una pérdida total de la capacidad de reacción.

Control sobre la vida cotidiana y presión fiscal

Pagamos la fiesta de una casta que, tras confinarnos ilegalmente, ahora nos encadena con una deuda impagable que heredarán nuestros nietos. El poder político limita derechos fundamentales con una facilidad creciente a la par que nos saquea el bolsillo. El silencio social ante este atropello refuerza la sensación de que la sumisión avanza sin resistencia real.

Lengua, invasión y desigualdad de derechos

El español perseguido en su propia casa

Somos la única nación del mundo que financia con dinero público la persecución de su propia lengua. El apartheid lingüístico en las regiones dominadas por el separatismo es una agresión directa permitida por un Gobierno que ha vendido a los españoles por siete votos. Es inaudito que hablar español sea un problema en espacios públicos o educativos de tu propia nación. Que seas perseguido.

Invasión migratoria e inseguridad

La invasión migratoria descontrolada es el acta de defunción de nuestra seguridad y cultura, de nuestra identidad y esencia. Mientras se desprotege al nacional y se entrega el barrio al delincuente importado, la propaganda oficial castiga al español que se atreve a decir la verdad. Este sentimiento alimenta una percepción de injusticia social que ya es insoportable.

La raíz del problema: la complicidad del silencio

Una sociedad que prefiere la comodidad de la esclavitud a la fatiga de la libertad merece lo que le está pasando. Pero no es solo el sanchismo. Lo que está ocurriendo es el espejo de una España que ha decidido dejar de serlo para convertirse en un campo de experimentos de la Agenda 2030. La sumisión no apareció de repente; surgió tras años de propaganda, división y desgaste social.

La historia no perdonará a la generación que, teniendo todas las herramientas para luchar, decidió bajar la cabeza y morir en silencio. Una nación libre necesita ciudadanos conscientes y dispuestos a defender su honor. La pregunta final nos pertenece a todos: ¿hasta cuándo aguantará el pueblo español?

¡O España despierta, o España desaparece!

La paradoja de las pantallas de Sánchez: menores autónomos para el cuerpo, tutelados para la conciencia

   

EL TORO TV

Artículo 19.2 de la Ley Trans: «Se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de doce años […] En el caso de personas menores entre doce y dieciséis años, solo se permitirán dichas prácticas a solicitud de la persona menor siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas».

Artículo 19.3 de la Ley Trans: Las Administraciones públicas […] impulsarán protocolos de actuación en materia de intersexualidad que garanticen, en la medida de lo posible, la participación de las personas menores de edad en el proceso de adopción de decisiones”

Artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: la edad límite de dieciocho años establecida por el Código Penal para referirse a la responsabilidad penal de los menores se rebaja a los catorce años.

Ley Orgánica 1/2023, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, artículo 13 bis: “Las mujeres podrán interrumpir voluntariamente su embarazo a partir de los 16 años, sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales. En el caso de las menores de 16 años” bla bla bla, podrán hacerlo con consentimiento y acompañamiento.

Son solo algunos ejemplos de leyes en que el sistema jurídico actual de nuestro país reconoce la capacidad de obrar de los menores de edad. 

Cambios de género, declaraciones judiciales, aborto, responsabilidad penal… son casos que la izquierda radical considera que un menor de dieciséis años tiene la suficiente madurez para asumir. 

Pero ahora, en un ataque de demagogia a la moda, sumándose al carro de la lucha contra las pantallas de pedagogos y expertos que no dejan de avisar de sus peligros, Pedro Sánchez ha abanderado la causa haciéndola campaña, metiéndose hasta la cocina de los hogares españoles, para censurar al votante joven de los próximos años a su antojo.

Porque, curiosamente, este mismo Ejecutivo dejó sobre la mesa, antes de finalizar el curso pasado, una propuesta para rebajar la edad de voto a los 16 años, anunciada como una implantación “gradual” mediante reforma legal. La idea quedó en el cajón, pero la contradicción permanece. Votar, con 16 años, sí. Instagram, con 15 años y madre al lado, no.

Una sociedad hiperdigitalizada

Soy de la generación de messenger temprano y Tuenti tardío… esa generación que se topó de frente con el acceso a redes sociales desde los primeros móviles inteligentes, ‘smartphones‘. Esa generación que mentía sobre su año de nacimiento para registrarse en tal o cual red social, y que aprendió a apagar el móvil para estudiar –o al menos, a dejarlo fuera de la habitación– a veces, a base de cates o de golpes, pues era fuente de toda distracción.

Allá por aquel entonces, las redes sociales no eran lo que son ahora. Ni tampoco los delitos en torno a estas, ni los peligros. Y aún así, ya nos avisaban: cuidado con las falsas identidades, cuidado con el acoso, con la violencia verbal, con la deshumanización del trato digital, cuidado con las críticas y riñas, siempre más fáciles que a la cara… Cuidado, también con pederastas y depredadores sexuales. Al menos, en mi colegio, no lo pudieron hacer mejor.

Ahora las cosas han cambiado, sí. Pero, precisamente por eso. La realidad es que vivimos en una sociedad hiperdigitalizada. Y vendar los ojos a los adolescentes sería como cerrarles en una ermita alejada del mundo.

Claro que los niños de nueve años no deberían estar haciendo bailecitos de TikTok -cuidado, que a veces son los propios padres los que facilitan eso desde sus cuentas-

Claro que los niños de nueve años no deberían estar haciendo bailecitos de TikTok -cuidado, que a veces son los propios padres los que facilitan eso desde sus cuentas-. Claro que hay menores, cada vez más pequeños, recurriendo con asiduidad a la pornografía -que, por cierto, no llega de las redes sociales sino que se encuentra fácilmente por Internet de cualquier vía-. Claro que hay padres que no tienen criterio para inculcar a sus hijos el sentido común. Y claro, también, que no estaría de más que a algún que otro adulto se le prohibiera usar en general las redes sociales… Aquí, cada uno con sus dones y sus defectos.

Pero la prohibición de las pantallas a menores de dieciséis años me resulta tan estúpida como el propio debate en torno a las pantallas. ¿Pantallas, de qué? ¿Es lo mismo una hora al día, que una película con los primos un domingo por la tarde? ¿Es lo mismo unos dibujos de esos de antes mientras ‘mamá’ hace la cena o acuesta al bebé, que un niño hipnotizado -e idiotizado- viendo Cocomelon mientras va atado a su sillita de paseo por la calle?

La respuesta es obvia. Las pantallas hacen daño: interno, al cerebro, y externo, a los ojos. Producen TDAH, autismo o lo que sea, y sobre todo, la pérdida de la capacidad de asombrarse con el mundo real, mucho más espectacular que el virtual. Pero, como todo, hacen daño si se abusa de ellas.

Lo que verdaderamente hace daño es privar a un padre de su capacidad de decidir sobre sus hijos en semejante asunto

Lo que verdaderamente hace daño es privar a un padre de su capacidad de decidir sobre sus hijos en semejante asunto -en el que, cada padre y madre, conocedores de cada hijo, único e irrepetible, saben lo que necesita-, mientras que le imponen que una menor pueda plantarse con un proceso judicial por impedirle abortar -lo que, implícitamente, presupone las relaciones sexuales en menores de dieciseis años-.

¡Pero vamos a ver! Esto ya clama al cielo. Aborto, sí, pero Instagram con mamá al lado, no. Cambio de sexo, sí, pero un hilo del twittero de moda sobre el derbi del día anterior con papá al lado, tampoco. Fuera de mi casa, señorías. Si quieren prohibir, prohiban: prohiban sexo prematuro, prohiban asesinatos traumaticos en vientres de menores, prohiban pornografía, prohiban educación sexual en escuelas -o cómo enseñar a un niño de seis años a masturbarse o a una de once a poner un condón-, prohíban el divorcio exprés, que tanto estrago y abandono supone para los niños, víctimas reales de esa tragedia…

Señor Sánchez, váyase a su casa y ocúpese de sus asuntos, que no son pocos.

El ataque sin precedentes de Sánchez a la libertad de expresión

ADELANTE ESPAÑA

Sánchez, contra la libertad, el periodismo y la crítica.

El ataque sin precedentes a la libertad de expresión de Sánchez se materializa en un plan que prohíbe redes sociales a menores de 16 años y crea un sistema estatal para rastrear y perseguir opiniones mediante una llamada “Huella de Odio y Polarización”.

Un proyecto de control ideológico sin precedentes

El presidente Pedro Sánchez anunció el 3 de febrero de 2026 una batería de medidas que marcan un antes y un después en la relación entre el Estado y la libertad de expresión.

El ataque a la libertad de expresión y la censura de Sánchez incluye la obligación de verificar la edad en redes sociales y la prohibición de acceso a menores de 16 años. También prevé la creación de un sistema de rastreo de mensajes para medir la llamada “polarización social”. El Gobierno afirma que busca un entorno digital “seguro y democrático”. Sin embargo, la realidad apunta hacia un modelo de vigilancia permanente y control poblacional.

Nunca antes un Ejecutivo en España había planteado un mecanismo estatal de monitorización ideológica a gran escala.

La “Huella de Odio”: la censura disfrazada de protección

Aunque los medios comunicación de Sánchez lo están centrando mayoritariamente en la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 16 años, el elemento más grave del plan es la llamada Huella de Odio y Polarización.

Se trata de un sistema de trazabilidad que rastrea mensajes desde su origen hasta su difusión masiva. La censura de Sánchez se articula así como un mecanismo de vigilancia del pensamiento. El Estado pretende mapear en tiempo real qué ideas considera “polarizantes” o “extremistas”.

El problema para empezar resulta evidente: ¿quién define qué es odio y qué es crítica legítima? Si el Gobierno controla ese criterio, cualquier disidencia puede convertirse en discurso peligroso. Esto no es protección. Es censura ideológica institucionalizada.

Además, tal como señalan los juristas, si lo que se dice en las redes sociales se considera punible ya está el código penal y los juzgados para dilucidarlo. Con esto, el Gobierno elimina la función de los juzgados y se convierten en juez y parte.

Responsabilidad penal de directivos y control del algoritmo

Otro pilar del plan es imponer responsabilidad legal directa a los directivos de plataformas digitales. La censura de Sánchez pretende que los ejecutivos respondan penalmente por los contenidos publicados. Además, el Gobierno quiere tipificar como delito la manipulación de algoritmos.

Esto implica otra vez que el Estado decidirá qué tipo de contenido resulta aceptable. No solo vigila. También condiciona qué información llega a los ciudadanos. El Ejecutivo deja de perseguir delitos concretos y pasa a controlar flujos de información. Ese cambio altera la naturaleza misma de la democracia

Prohibición de redes a menores: intrusión en la patria potestad

El plan también prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esta medida invade y usurpa directamente la patria potestad.

El ataque a la libertad de Sánchez sustituye el criterio de los padres por imposición legal. El Estado decide ahora cuándo un menor puede expresarse en el espacio digital. Se elimina la libertad educativa y la autonomía familiar. No protege. Usurpa funciones que pertenecen a la familia.

Además, hoy la prohibición afecta a menores de 16 años. Mañana puede afectar a mayores de 18. Después a colectivos considerados incómodos.

El ataque a la libertad de expresión y la censura de Sánchez sienta un precedente letal para las libertades civiles. Si el Estado lo consigue puede regular ya cualquier aspecto de la vida privada.

No existe sociedad sana sin libertad de expresión. Y no existe libertad cuando el Estado vigila el pensamiento, lo controla y lo reprime.

El efecto desaliento y la autocensura social

Juristas y expertos alertan del llamado “efecto desaliento” que va a producir. Saber que el Gobierno rastrea mensajes provoca autocensura. El ciudadano deja de opinar por miedo a sanciones. El debate público se vacía y solo quedan las voces aceptadas por el poder.

Todos los sistemas de control comienzan igual. Primero prometen protección. Después limitan derechos. Finalmente terminan convirtiéndose pensamiento único y reprimiendo a los críticos. Es el modelo propio de las dictaduras comunistas.

El ataque a la libertad de expresión y la censura de Sánchez representa una deriva extremadamente peligrosa hacia un modelo de vigilancia ideológica: rastreo de opiniones, control de algoritmos, prohibición de redes y persecución de plataformas configuran un escenario de control estatal del discurso.

Cuando el poder decide qué se puede decir, la libertad de expresión desaparece y la sociedad deja de existir. La libertad muere. La tiranía se consolida. Es lo que quiere conseguir Pedro Sánchez.

Propósito para el nuevo año: ¿Echar a Sánchez o echar a Sánchez y a Feijóo?

ADELANTE ESPAÑA

Si Sánchez se mantiene es, entre otras cosas, porque Feijóo, le blanquea con la coalición PP-PSOE.

Echar a Sánchez o echar a Sánchez y a Feijóo se ha convertido en una pregunta política central que muchos analistas se hacen ante el nuevo año. Muchos españoles dudan si basta con cambiar al presidente o si el problema es estructural.

Sánchez: un poder sin legitimidad moral ni política

Pedro Sánchez no gobierna España. Sánchez se aferra al poder. Lo hace sin votos suficientes y sin mayoría social. Mantiene la Presidencia gracias a un pacto de investidura que humilla al Estado.

Sánchez gobierna para sus socios. Atiende a separatistas, comunistas, proetarras y prófugos de la Justicia. Usa la Presidencia como escudo personal. Bloquea controles. Ataca a jueces, prensa crítica y oposición real.

España vive una anomalía histórica. Es el único gran país europeo con comunistas en el Gobierno. También es el único donde el presidente debe el cargo a un condenado por terrorismo, a un sentenciado por sedición y prófugo.

La inmigración masiva ilegal agrava el problema. Aumenta la delincuencia. Genera marginalidad. Agota recursos públicos. Rompe la convivencia en barrios humildes. Sánchez fomenta este modelo por ideología y por cálculo electoral.

Pero además, Sánchez encabeza un autogolpe institucional. Desde un poder ilegítimo, intenta someter a los demás poderes del Estado. Vacía el Parlamento. Coloniza instituciones. Debilita la separación de poderes.

Por todo ello, echar a Sánchez parece un objetivo lógico. Muchos españoles lo desean y esperan. Muchos brindarían cuando se marche.

Pero la pregunta sigue abierta: ¿y después qué?

Feijóo y la gran mentira de la alternancia

Aquí aparece el gran engaño. El posible relevo se llama Alberto Núñez Feijóo. Y aquí surge la sospecha que inquieta a millones de españoles: Feijóo no rompe con el sanchismo. Feijóo lo blanquea.

Si Sánchez se mantiene, también es porque Feijóo lo permite. La coalición PP-PSOE funciona a nivel nacional y europeo. Ambos partidos pactan la mayoría de leyes clave. Ambos comparten agenda globalista.

Feijóo forma parte del mismo sistema. Representa los mismos intereses: Apoya la Agenda 2030. No combate la ideología de género ni defiende la vida ni protege la familia natural. No revierte la cultura de la muerte.

El historial del PP resulta claro. Cuando gobierna, consolida las leyes del PSOE. Nunca las deroga. Ocurrió con el aborto y la memoria histórica. Ocurrió con la ideología de género y la ingeniería social.

En las comunidades autónomas donde gobierna el PP, estas políticas no desaparecen. En muchos casos aumentan. El español sigue retrocediendo. La inmigración masiva continúa. El globalismo avanza.

Votar a Feijóo no supone ningún cambio. Votar a Feijóo equivale a votar a Sánchez con otro tono. Son dos caras de la misma moneda. Ambos sostienen la coalición PP-PSOE que bloquea cualquier alternativa real.

Por eso, echar a Sánchez sin más no arregla el problema. Solo cambia el gestor del mismo modelo.

El verdadero propósito político para España

El debate no es sentimental. Es estratégico. España no necesita un simple relevo. España necesita una ruptura. Necesita recuperar soberanía. Necesita defender la vida, la familia y la libertad.

Echar a Sánchez puede aliviar la presión. Puede dar oxígeno. Pero no cambia el rumbo. El globalismo seguiría intacto. La Agenda 2030 seguiría vigente. La ideología de género seguiría imponiéndose.

Echar a Sánchez y a Feijóo abre otra vía. Permite cuestionar el consenso bipartidista. Rompe la coalición PP-PSOE. Devuelve la voz a quienes no aceptan este modelo decadente.

Este no es un debate personal. Es un debate nacional. España no se arregla con parches. España necesita una alternativa que no tema enfrentarse al sistema.

El nuevo año exige claridad. Cada español debe decidir si quiere un maquillaje o un cambio real. El propósito político no puede ser tibio.

Elegir entre el parche o la solución

Echar a Sánchez o echar a Sánchez y a Feijóo resume el dilema político actual. Si el objetivo es un parche, basta con sacar a Sánchez. Si el objetivo es arreglar España, hay que ir más lejos, hay que echar a ambos.

El futuro no pasa por el bipartidismo. El futuro pasa por romper con el globalismo-

El nuevo año exige valentía. No más engaños. No más alternancias falsas. España merece algo mejor.

La izquierda con orejeras: el fanatismo político como bandera

ADELANTE ESPAÑA

La afirmación de que «siempre votaré al PSOE», haga lo que haga y porque son de los nuestros, refleja un problema que tenemos en España: una política de fanáticos con orejeras.

La orejeras ideológicas de la izquierda representan una enfermedad política que se ha extendido por toda España. Quien se declara “izquierdista” lo hace, casi siempre, sin reflexión ni argumentos. Repiten eslóganes vacíos como “la izquierda cuida a los demás” sin aportar un solo ejemplo que lo demuestre.

La realidad muestra lo contrario. Allí donde gobierna el socialismo, aumenta la pobreza, la desigualdad y la frustración social. Con su obsesión por la “igualdad”, la izquierda no eleva a nadie: iguala a todos por abajo. Penaliza el mérito, castiga el esfuerzo y premia la mediocridad.

Su modelo económico ahoga al trabajador con impuestos abusivos y estrangula al empresario que crea empleo. El resultado es una sociedad cada vez más dependiente del Estado, más controlada y menos libre.

Sánchez y el espejismo del “buen gobierno”

Los votantes con orejeras ideológicas de la izquierda creen sinceramente que Pedro Sánchez “lo está haciendo bien”. Se lamentan de que sus supuestos logros “no lleguen al gran público” por culpa de una “extrema derecha golpista al servicio del capital”.

Pero los hechos son contundentes. Sánchez controla los principales medios de comunicación, dispone de una maquinaria propagandística sin precedentes y cuenta con un ejército de opinadores dispuestos a defenderlo a toda costa. Sin embargo, la realidad de los ciudadanos desmonta la farsa.

La inflación devora los salarios, la deuda pública se dispara, los jóvenes emigran y los servicios básicos colapsan. Frente a estos datos, el votante con orejeras no reacciona. Prefiere creer la mentira cómoda antes que aceptar la verdad incómoda.

El voto ciego: el PSOE como religión política

El momento culminante de las orejeras ideológicas de la izquierda llega cuando muchos declaran sin pudor: “Yo votaré al PSOE siempre”. No importa que haya numerosos casos de corrupción que les afectan, que se despilfarren millones en contratos amañados o que se pacte con separatistas y filoetarras. Da igual que el partido haya vendido la soberanía nacional o pisoteado la justicia. El voto lo tienen asegurado.

Ese fanatismo refleja una patología social: la izquierda ha convertido la política en una religión secular donde el PSOE actúa como iglesia y Pedro Sánchez como mesías. Quien duda o discrepa, se convierte en “fascista” o “enemigo del pueblo”.

Y lo más preocupante: El socialismo ha conseguido que millones de personas voten en contra de su propio interés. Mientras el Gobierno enriquece a sus amigos y arruina a la clase media, sus fieles seguidores aplauden convencidos de que “el líder” los protege.

El guerracivilismo como estrategia de poder

El socialismo español se alimenta del enfrentamiento. El discurso permanente del odio y del “ellos contra nosotros” ha fracturado la convivencia nacional. La orejeras ideológicas de la izquierda no solo ciegan, también dividen.

Desde las instituciones y los medios afines se reescribe la historia para reabrir heridas del pasado. Se demoniza al adversario político y se convierte la discrepancia en delito. La llamada “memoria democrática” no busca reconciliación, sino revancha. Es el odio hecho ley.

Sánchez y sus socios saben que su poder depende de mantener viva la tensión y la polarización. Una España enfrentada les garantiza un electorado fiel, incapaz de pensar con libertad. La manipulación emocional sustituye al debate racional.

Romper las orejeras ideológicas de la izquierda

Romper las orejeras ideológicas de la izquierda es un paso imprescindible para recuperar la libertad y el sentido común.

La izquierda ha traicionado su propio discurso de justicia social para convertirse en un instrumento de poder y control. Sus votantes deben abrir los ojos ante la evidencia: el socialismo no libera, esclaviza.

No podemos permitir que el fanatismo ideológico de la izquierda destruya los valores que han hecho grande a nuestra nación.

Y otro día habrá que hacer otro sobre las orejeras ideológicas de la derecha.

Sánchez alienta la violencia izquierdista sin haber condenado el asesinato de Charlie Kirk

CONTANDO ESTRELAS

Está promoviendo el extremismo para tapar sus escándalos de corrupción

En febrero de 2008, un micrófono abierto sacó a la luz la estrategia de los socialistas españoles a la hora de impulsar su agenda política.

Más de 850 grupos contra el antisemitismo acusan a Sánchez de «incitación al genocidio»

La declaración de Pedro Sánchez lamentando no tener «bombas nucleares» contra Israel

Después de una entrevista de Iñaki Gabilondo con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces presidente del gobierno confesó a ese periodista, afín a su partido: "nos conviene que haya tensión". Esa declaración explica muchas cosas que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y que sigue haciendo en la actualidad, entre ellas el intento de Sánchez de generar una cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción, que están provocando un descalabro del PSOE en las encuestas desde hace meses.

Un ejemplo de esa tensión que conviene al PSOE es lo ocurrido en la edición de este año de la Vuelta Ciclista a España, que hoy concluye en Madrid. 

Activistas de extrema izquierda con banderas palestinas se han dedicado a reventar etapas de La Vuelta utilizando la violencia, como ocurrió en la etapa de ayer. Estos ataques a una competición deportiva no son espontáneos ni obra de incontrolados: han sido organizados por partidos de extrema izquierda e instigados desde el propio gobierno. Ahora mismo, España es el único país de la Unión Europea cuyo gobierno alienta ataques violentos a competiciones deportivas, algo extraordinariamente grave.

En las últimas semanas, esos ataques han ensuciado la imagen internacional de España, mostrándonos como un país en el que ni siquiera puede organizarse un evento deportivo con normalidad porque la izquierda quiere tensionarlo todo, incluso el deporte, para tapar sus escándalos de corrupción. 

En cualquier otro país, unos hechos de esta gravedad y que dañan nuestra reputación como país habría recibido una respuesta oficial del más alto nivel. Sin embargo, Pedro Sánchez no ha emitido ni la más leve condena contra esos ataques violentos a La Vuelta. Además, este domingo, en un mitin del PSOE en Andalucía, Sánchez ha expresado su "admiración" por esas protestas, nuevamente sin desaprobar sus actos de violencia.

Así pues, España tiene un presidente del gobierno que está alentando la violencia izquierdista, primero evitando condenarla y ahora, además, ensalzando a quienes se sirven de ella para reventar una prueba deportiva. 

Un gobierno democrático debería hacer justo lo contrario, porque la violencia con fines políticos no debe tener cabida en una sociedad democrática, pero el gabinete de Sánchez, una coalición de socialistas y comunistas, lleva años flirteando con toda clase de dictaduras y tiene entre sus socios a EH Bildu, un partido que ni siquiera condena los 853 asesinatos perpetrados por la banda terrorista ETA, incluidos los 22 asesinatos de niños y bebés.

Que el presidente del gobierno de España aliente la violencia izquierdista debería ser un escándalo, porque lo que eso nos indica es que el dirigente socialista cree que la izquierda está legitimada a utilizar cualquier medio para conseguir sus fines. 

Sin embargo, en España ya nos hemos acostumbrado a tener un político sin escrúpulos en el poder, un político que esta semana no ha tenido tiempo para condenar el asesinato del líder conservador Charlie Kirk. Sánchez no ha dicho absolutamente nada sobre este crimen, que ha provocado un fuerte debate internacional sobre el extremismo izquierdista. De hecho, en sus siete años de mandato Sánchez no ha condenado ninguna de las numerosas agresiones sufridas por sus rivales políticos.

Esto nos indica la clase de mentalidad que tiene el presidente del gobierno español: sin haber condenado el asesinato de Charlie Kirk, Sánchez se dedica a alentar la violencia izquierdista que ha puesto en grave riesgo a ciclistas en los ataques a La Vuelta en las últimas semanas. 

Sánchez es algo peor que un político irresponsable: es un fanático dispuesto a incendiar su país con tal de mantenerse en el poder.

ACTUALIZADO 18:54h: Unos minutos después de publicar este artículo, y tras el apoyo de Sánchez a estas protestas violentas, la extrema izquierda ha reventado el final de La Vuelta en Madrid provocando algaradas en las calles:

Los manifestantes propalestina ocupan parte de la calle de Gran Vía, recorrido que forma parte de La Vuelta a España y por el que se espera que pasen los ciclistas.https://t.co/Xk35b2tIUZ pic.twitter.com/Zva1TgZOrf

— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 14, 2025

Todo esto para que Sánchez pueda tapar sus escándalos de corrupción. Hoy estamos dando una imagen penosa como país. Será un milagro si la Unión Ciclista Internacional no expulsa a España de su circuito de competiciones.

ELENTIR

¿Por qué voy a Misa y luego digo que hay que hundir el Open Arms?

INFOVATICANA

Escuchar al presidente del Gobierno afirmar en televisión que es incompatible ir a Misa y criticar a Open Arms resulta grotesco.

Es delirante plantear que la fe católica exige cerrar los ojos ante una operación que enriquece a mafias y condena a miles de personas a la muerte. No hay incoherencia en denunciar un sistema perverso; la incoherencia está en disfrazarlo de humanitarismo y en tratar de silenciar cualquier crítica tachándola de falta de caridad.

El debate sobre la inmigración irregular en el Mediterráneo se ha convertido en un terreno minado de manipulación política y confusión moral. Desde Marruecos hasta Libia, pasando por Argelia y Túnez, las mafias que operan en el norte de África conocen perfectamente cómo funciona el engranaje: cargan a decenas de personas en embarcaciones precarias, las empujan hasta el límite de aguas internacionales y las abandonan allí, sabiendo que barcos de ONG acudirán a recogerlas para trasladarlas a Europa. El negocio es redondo: las mafias cobran por cada pasajero, los traficantes multiplican su poder y las organizaciones se sostienen gracias a subvenciones y apoyos institucionales. El resultado es perverso: un sistema que convierte el mar en un campo de tránsito controlado por criminales y validado por gobiernos y entidades que prefieren mirar hacia otro lado.

Esta dinámica no salva vidas, las arriesga. Lejos de disuadir a los traficantes, los enriquece y los estimula. Cuanto más se garantiza el rescate, más embarcaciones se lanzan, aunque sean de goma y sin combustible. El incentivo está servido: no necesitan preparar un viaje seguro, basta con empujar a cientos de personas al mar porque saben que alguien terminará recogiéndolas. Así se multiplican las tragedias, y el Mediterráneo se convierte en un cementerio líquido donde miles mueren cada año. Defender este sistema como si fuese una obra de misericordia es, además de irresponsable, un insulto a la inteligencia. No hay caridad en sostener un mecanismo que produce muerte, sufrimiento y explotación.

El argumento de que se trata de un deber cristiano es aún más cínico. No es cristiano colaborar, ni siquiera indirectamente, con mafias que trafican con seres humanos. No es cristiano sostener un modelo que utiliza la desesperación de las personas como combustible para un negocio criminal. Y no es cristiano confundir el mandato de acoger al necesitado con avalar un sistema que los reduce a mercancía. La Conferencia Episcopal, con sus declaraciones ambiguas, solo contribuye a la confusión: un día habla de misericordia y otro evita condenar la maquinaria que genera muerte en el mar. La falta de claridad pastoral en un asunto tan grave alimenta la sensación de que la Iglesia en España ha cedido al discurso sentimental en vez de mantenerse firme en la defensa de la verdad y de la justicia.

Miguel Escrivá

Un enorme atraco socialista a España para que Pedro Sánchez pueda seguir en el poder

CONTANDO ESTRELAS

España vuelve a asistir atónita a un nuevo abuso de un gobernante que insiste en confundir nuestra Nación con su finca particular.

La anestesia roja por la que el socialismo español no se descalabra con la corrupción

Los socialistas adoptan el método de Putin para tapar su corrupción política en España

Toda España pagará los despilfarros de los socios separaristas de Sánchez

Ayer se supo que los socialistas y sus socios separatistas han pactado condonar 17.104 millones de la deuda de Cataluña al Estado, 2.000 millones más de lo que inicialmente se había anunciado. A cambio, Carles Puigdemont ha aceptado retirar la cuestión de confianza contra Pedro Sánchez, presentada por su partido, Junts, en el Congreso.

Así pues, todos los españoles tendremos que pagar los despilfarros del separatismo al frente del gobierno catalán, que se ha convertido en el más claro ejemplo de mala gestión económica, basada en el sistemático chantaje al gobierno nacional (tanto a éste como a los anteriores) para que asuma sus deudas o privilegie económicamente a Cataluña respecto de las demás regiones españolas.

Un atraco equiparable al robo del oro del Banco de España en 1936

Lo que está pasando es un enorme atraco a España comparable con el robo del oro del Banco de España por los socialistas en 1936, un robo cuyo importe actual sería bastante similar al del atraco anunciado ayer por el gobierno y por sus socios separatistas. Esta vez, el atraco socialista tiene como fin proporcionar un beneficio personal a Sánchez (la permanencia en el poder a toda costa, subordinando el bien común a su bienestar particular) y a su partido, permitiéndole continuar utilizando los medios del Estado para acaparar más poder y colocar a sus simpatizantes al frente de las instituciones públicas.

Un caso descarado de corrupción política

Por otra parte, lo que se pactó ayer es un descarado ejemplo de corrupción política, pues así es como se debe calificar el robo de fondos públicos para proporcionar beneficios personales o partidistas a los autores del atraco. Las consecuencias las pagaremos todos los españoles con más subidas de impuestos, pues esta condonación de la deuda catalana llega en un momento en el que el gobierno ya está sin liquidez. Una vez más, los socialistas están haciendo todo lo necesario para dejar a España endeudada hasta las cejas, como ya ocurrió durante los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero.

PSOE y PP ya se encargaron de que algo así no tuviese consecuencias penales

Saquear de esta forma una empresa privada sería un delito de administración desleal, castigado por el Artículo 252 del Código Penal español con las mismas penas que el delito de estafa, es decir, hasta tres años de prisión en los casos más graves. Pero en este caso el grave perjuicio no se le ocasiona a una empresa, sino a todo un país.

Los políticos del PSOE y del PP ya se encargaron de cubrirse las espaldas evitando tener que rendir cuentas por algo así ante la Justicia, como si el hecho de haber obtenido la mayoría necesaria para gobernar en el Congreso les diese autoridad para saquear impunemente a los españoles y arruinar nuestra Nación.

Cualquier cambio político que no contemple una exigencia de responsabilidades penales a los gobernantes que incurran en robos como el anunciado ayer será la garantía más clara de que esto volverá a ocurrir en un futuro próximo, aunque Sánchez sea desalojado del poder, al que se aferra como una garrapata, parasitando a sus víctimas, que somos todos los españoles, incluidos los cómplices que le votan.

ELENTIR

El tirano constitucional

LA GACETA DE LA IBEROSFERA

Estamos asistiendo a un estallido. Lo que estalla es la arquitectura jurídico-institucional del sistema de 1978. El protagonista de la explosión es el Tribunal Constitucional, órgano concebido para ejercer como garante de derechos constitucionales, pero que bajo la presidencia de Cándido Conde Pumpido, auxiliado por una mayoría de izquierdas escogida por el poder político, aspira a convertirse en máxima instancia jurisdiccional del país, desplazando de esa posición al Tribunal Supremo. Los movimientos del TC no dejan lugar a dudas: ha exonerado de sus delitos a los responsables políticos del escándalo de los ERE, torciendo el brazo de los tribunales que los condenaron (Supremo incluido); ha auxiliado en sus demandas a la ex fiscal general y ex ministra Dolores Delgado (otra vez contra el Supremo); en el caso de la amnistía al golpismo separatista catalán, ha apartado al único magistrado que se había opuesto públicamente a ella y el propio Conde Pumpido intervendrá para que la balanza caiga del lado de la amnistía. Son sólo unos ejemplos, pero hay más. La tónica está clara: el Constitucional, que no es un órgano judicial, se propone corregir al Tribunal Supremo en aquellos casos políticamente relevantes al servicio del proyecto de poder del Ejecutivo.

Hay quien habla de «golpe de Estado». No es correcto. Un golpe de Estado es, precisamente, un golpe: hay una legalidad visible, alguien que se levanta contra ella y un conflicto patente. Pero aquí no: aquí es la propia legalidad institucional la que se retuerce sobre sí misma para provocar un conflicto político. Ante un golpe, un Estado tiene instrumentos materiales de defensa: fuerzas armadas, tribunales, etc. Pero ante un proceso como el que hoy estamos viviendo en España, no hay instrumentos que valgan, pues todos ellos dependen de un modo u otro del mismo poder que está ejecutando el movimiento. En un auto reciente, y sin que aparentemente viniera a cuento, el Tribunal Supremo deslizaba la eventualidad de que los magistrados del Tribunal Constitucional pudieran ser encausados por actuar contra la ley. Era algo más que un aviso a navegantes: en un caso extremo, podríamos encontrarnos con que el Supremo acusara al Constitucional de prevaricación. ¿Imposible? Bueno, ahora mismo tenemos a un Fiscal General del Estado investigado por revelación de secretos y, pronto, destrucción de pruebas y obstrucción a la Justicia. Cualquier cosa es posible hoy en España.

Es importante señalar que esta deriva de nuestro sistema no era imprevisible. La fragilidad de los órganos de control constitucional es bien conocida desde hace un siglo, cuando la célebre polémica entre Kelsen y Carl Schmitt sobre el «guardián de la Constitución». ¿Quién debe defender la Constitución frente a sus enemigos? Schmitt pensaba que un poder soberano capaz incluso de suspender la Constitución para defenderla, lo cual abría la pregunta acerca de las verdaderas intenciones del soberano. Kelsen, al contrario, pensaba que debía ser un tribunal, lo cual, por su parte, abría la pregunta sobre la capacidad real de ese tribunal para imponer sus decisiones. Lo que hoy tenemos en España es un Tribunal que ha empezado a comportarse como un poder soberano, en la medida en que se ha arrogado de hecho la capacidad para enmendar sentencias e incluso crear derechos fundamentales, como hizo en su sentencia de 2024 sobre el aborto. Este giro altera radicalmente la estructura del Estado de Derecho. Hemos pasado de una Nomocracia, es decir, el gobierno según las leyes, a una Telocracia, o sea, el gobierno según las finalidades (políticas), que ponen a su servicio las leyes modelándolas a su conveniencia. Y sin pedirnos permiso. Es verdad que estamos en plena crisis constituyente. Eso lo dijo —recordemos— Juan Carlos Campo, entonces ministro de Justicia y hoy magistrado del Tribunal Constitucional. En su momento, pocos lo entendieron, pero hoy el proceso es transparente: el estallido del sistema, en efecto.

Ahora la pregunta es qué hacer después. Imaginemos que todas las artimañas desplegadas por el Gobierno para mantenerse en el poder fracasan, que hay elecciones y que, pese a los mecanismos de control colocados aquí y allá por el Ejecutivo, Pedro Sánchez deja La Moncloa. El nuevo Gobierno tendrá ante sí el complicadísimo paisaje de un Tribunal Constitucional declaradamente hostil (incluso si Conde Pumpido finaliza su mandato en enero de 2026), lanzado por la pendiente de una redefinición de la estructura institucional del Estado, con una jurisprudencia tras de sí que le habilita para actuar como un poder judicial de hecho y sin ninguna instancia superior que pueda corregirle. El «guardián de la Constitución» se habrá convertido en un tirano constitucional. En ese paisaje, llenarse la boca con la «defensa de la Constitución» sería perfectamente absurdo: ese momento ya ha pasado. Inevitablemente habrá que tomar medidas de restauración del Estado de Derecho, medidas que tendrán que ir mucho más allá de un retorno a la situación anterior. Sólo cabe esperar que quien se vea llamado a la obra sea consciente de su magnitud.

José Javier Esparza

La dimisión de Sánchez no es suficiente: debe rendir cuentas ante la Justicia

ADELANTE ESPAÑA

Una vez más, y como ha ocurrido en múltiples ocasiones, Pedro Sánchez ha sido recibido con abucheos y gritos de ‘¡Fuera, fuera!’. Esta vez, la escena se repitió en la gala de los Premios Goya 2025, donde el presidente del Gobierno no pudo esquivar el rechazo de la ciudadanía y donde, además, le han pedido a gritos la dimisión. El descontento con su gestión ha calado hondo en un pueblo que ya no disimula su hastío y exige su dimisión.

Lo sucedido en los Goya no es un hecho aislado, sino el reflejo de una realidad incontestable: el pueblo español no quiere a Sánchez. Quiere su dimisión ya. Cada aparición pública del presidente se convierte en un bochorno nacional, con abucheos que se escuchan cada vez con mayor fuerza. Y es que no se trata de una simple erosión por el paso del tiempo en el poder, sino del hartazgo de los ciudadanos ante un Gobierno corrupto, que ha pisoteado sus derechos y traicionado a la nación. Pero la dimisión de Sánchez no es suficiente. Sánchez necesita rendir cuentas ante la justicia.

Sánchez no solo se aferra al poder a costa del bienestar de los españoles, sino que también ha convertido la Moncloa en un nido de corrupción. Su propio entorno familiar está salpicado por numerosos escándalos; desde su esposa Begoña Gómez hasta su hermano David están imputados por corrupción y tráfico de influencias hasta sus amigos socialistas. Pero el problema va mucho más allá: cada vez hay más evidencias que la corrupción se acerca al propio Sánchez y le salpicará a corto plazo.

El presidente no solo ha permitido la corrupción, sino que ha traicionado a España de manera reiterada. La aprobación de la ley de amnistía para los golpistas del ‘procés’ no solo fue un acto de claudicación, sino un peligroso precedente que legitima la ruptura de España. Su política de concesiones a los separatistas es una claudicación vergonzosa que ha puesto en jaque la unidad del país y a costa de la soberanía nacional.

Por si fuera poco, su relación con Marruecos es otro ejemplo de su sumisión a Mohamed VI. Su cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, en contra de la tradición diplomática española y de los intereses nacionales, así como acciones posteriores promarroquíes ya no generan dudas sobre a quien sirve. Por otra parte, el intento de anexión de Ceuta y Melilla por Marruecos y la debilidad demostrada por Sánchez frente a Mohamed VI es clara, y evidencian que Sánchez está actuando en beneficio de intereses extranjeros.

El problema de Pedro Sánchez no se soluciona con una simple dimisión. No es un presidente que esté terminando su ciclo natural, y que el deterioro popular sea fruto de un desgaste, sino que es un dirigente que ha dejado un rastro de escándalos, de traiciones a España y destrucción que debe ser juzgado. Su salida no puede ser un retiro dorado mientras deja el país en ruinas. Debe rendir cuentas ante la Justicia.

¿Su probable sucesor, Alberto Núñez Feijóo, será la solución? Ni mucho menos, todo indica que será poco más que un recambio cosmético. El PP ha demostrado en demasiadas ocasiones su tibieza, su falta de valentía para revertir los desmanes del socialismo, así como seguir, al igual que el PSOE, las directrices globalistas. Pero el enjuiciamiento de Sánchez servirá, al menos, de aviso de navegantes para el próximo presidente de gobierno.

Un excelente documental de Iñaki Arteta sobre Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995

CONTANDO ESTRELAS

El 23 de enero de 1995, la banda terrorista de ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, diputado autonómico y concejal del Partido Popular.

'27 Minutos', un excelente cortometraje sobre uno de los crímenes de los terroristas de ETA

Fabio Moreno: el niño de 2 años asesinado por los terroristas de ETA con una bomba

El asesinato fue perpetrado de un disparo en la cabeza cuando Gregorio comía junto a otras personas en un restaurante del Casco Viejo de San Sebastián. Hoy, cuando se cumplen 30 años de aquel crimen, el Observatorio de Víctimas del Terrorismo CEU-CEFAS ha estrenado el documental "Esta es una historia real", dirigido por Iñaki Arteta.

En el documental podemos escuchar los testimonios de Ana Iríbar, la viuda de Gregogio; Javier, su hijo; María San Gil, que estaba con Gregorio en el momento en el que fue asesinado; y José María Aznar, expresidente del gobierno, al que ETA intentó asesinar mediante un atentado perpetrado tres meses después del asesinato de Gregorio:

DURACIÓN 41:06 MINUTOS

https://youtu.be/uJkHkN3Q_uA

El documental me ha parecido excelente y me ha hecho pensar en lo mucho que tenemos por hacer para transmitir a los jóvenes de hoy lo que ocurrió en España durante los años en los que ETA asesinó a 853 personas, entre ellas 22 niños y bebés. Mantener viva la memoria de las víctimas de ETA es especialmente importante en un momento de la historia de España en el que estamos viviendo la infamia de ver al gobierno aliado con los herederos de esa banda terrorista, unos totalitarios que nunca han condenado los crímenes de ETA, que nunca han pedido perdón por todas las muertes y el dolor que provocaron, y que todavía hoy blanquean a esos criminales llamando "presos políticos" a los que cumplen condena por los crímenes cometidos.

Hoy se habla mucho de "memoria histórica" y "memoria democrática" desde la misma izquierda que pretende someter al olvido la brutal ola de terrorismo separatista perpetrada por ETA durante décadas y hasta el 30 de julio de 2009, cuando esa mafia dejó de asesinar simplemente porque los socialistas decidieron ceder a su chantaje. No debemos dejar de recordar que además de las personas asesinadas, heridas y mutiladas, ETA expulsó de su tierra natal a 180.000 vascos y navarros, un exilio masivo provocado por el terrorismo y que hoy beneficia electoralmente a los que durante muchos años instigaron y justificaron los crímenes de ETA y señalaron sus objetivos, y hoy organizan homenajes a los asesinos con total impunidad gracias a la complicidad del gobierno de Sánchez.

Memoria, Dignidad y Justicia

ELENTIR

Si Donald Trump encabeza una 'internacional ultraderechista', ¿qué cosa encabeza Sánchez?

CONTANDO ESTRELAS

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha sido invitado a la ceremonia de investidura de Trump como presidente de EEUU

La internacional antidemocrática de Pedro Sánchez y sus fotos amistosas con dictadores

Sánchez se declara el mejor aliado en Europa de uno de los principales apoyos de Hamás

Significativamente, Trump ha invitado a Santiago Abascal, presidente de Vox, el tercer partido más votado de España y el único que apoyó la candidatura del dirigente republicano hacia la Casa Blanca. Sánchez recoge ahora los resultados de su relación amistosa con toda clase de dictadores y patrocinadores del terrorismo.

Ayer, Sánchez calificó a Trump y a los invitados a su investidura como la "internacional ultraderechista", afirmando que "no tienen en democracia lo más importante: el poder del voto".

La afirmación de Sánchez es tan estúpida como falsa, si tenemos en cuenta que Trump ha ganado las elecciones en su país con 77,3 millones de votos (el 49,87%), el mejor resultado en el colegio electoral para un candidato republicano desde George H. W. Bush en 1988. Por el contrario, en 2023 Sánchez perdió las elecciones en España con 7,8 millones de votos (el 31,68%), comprando los apoyos para su reelección con el dinero de todos los españoles y con medidas abiertamente corruptas y anticonstitucionales como la amnistía para sus socios separatistas condenados por el golpe de 2017 en Cataluña.

Por lo demás, si dos líderes democráticos como Trump y Abascal son una "internacional ultraderechista", como afirma Sánchez (que tiene entre sus aliados a los partidarios de dictaduras como Cuba y Venezuela y a los herederos de la banda terrorista ETA), ¿cómo debemos llamar a la internacional de dictadores y patrocinadores del terrorismo que está cultivando Sánchez? Veamos algunos ejemplos.

Sánchez con Xi Jinping, el dictador de la República Popular de China, un régimen totalitario responsable de uno de los mayores genocidios de la historia.

Sánchez con Miguel Díaz-Canel, dictador de Cuba, un régimen totalitario comunista que gobierna en esa isla sin elecciones libres desde 1959, violando los derechos humanos y torturando a los disidentes políticos.

Pedro Sánchez con Tamim bin Hamad Al-Thani, monarca absoluto de Qatar, una dictadura islámica donde los partidos políticos están prohibidos y no hay elecciones libres, que persigue a los cristianos, discrimina a las mujeres y castiga la homosexualidad con la prisión, además de ser uno de los principales patrocinadores de la organización terrorista Hamás.

Pedro Sánchez con Hassan Rouhani, dictador de Irán entre 2013 y 2021, un régimen islamista que ha asesinado a decenas de miles de personas por motivos políticos, que discrimina de forma brutal a las mujeres, persigue a los cristianos, ahorca a los homosexuales y es uno de los principales promotores mundiales del terrorismo islamista.

Pedro Sánchez con Mahmoud Abbas, dictador de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Judea y Samaria (también llamadas Cisjordania) sin convocar elecciones desde 2006.

Sánchez con Abdelfatah Al-Sisi, dictador de Egipto desde 2014, cargo que ocupó tras un golpe de Estado en 2012.

Sánchez con Mohamed bin Salman, primer ministro de Arabia Saudí, una monarquía absoluta que promueve el Islam salafista, persigue a los cristianos, discrimina a las mujeres y encarcela a los homosexuales.

Sánchez con el dictador turco Recep Tayyip Erdogan, un aliado y patrocinador de Hamás y que ha calificado a ese grupo terrorista como "grupo de liberación" tras la masacre perpetrada por esos criminales contra Israel el 7 de octubre de 2023, la mayor matanza sufrida por el pueblo judío desde el Holocausto.

Sánchez con el comunista Gustavo Petro, antiguo miembro del grupo terrorista M-19 y cuya campaña para conquista la presidencia de Colombia se financió con dinero procedente del narcotráfico y el contrabando, para una vez en el poder dedicarse a destrozar la democracia en ese país, con gestos autoritarios cada vez más parecidos a los de Sánchez.

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